La segunda parte de la reforma de las pensiones sigue sin convencer a los agentes sociales y la contienda se complica para José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuya última aparición data de hace casi un mes. Con ninguna reunión fechada a la vista y sin grandes movimientos en lo que a la negociación se refiere, tal y como confirman desde CCOO, la brecha con el último día de plazo que Europa concedió a España para acometer la reforma (31 de diciembre de 2022) continúa creciendo. Ahora, los sindicatos han aprovechado el stand by para introducir una nueva variable sobre la mesa: el periodo de cotización mínimo exigido para acceder a la jubilación.
Actualmente, el umbral se sitúa en los 15 años, periodo que parece excesivo a UGT, que ha propuesto reducirlo a 12, y a CCOO, que ha bajado aún más la cifra, hasta los 10. De esta manera, nuevos frentes polémicos se añaden a la negociación después de la incursión del aumento del periodo de cómputo de cálculo de las pensiones introducido por Escrivá, de los 25 a los 30 años pudiendo descartar los dos peores. En esta cuestión, la posición sindical es clara. “La medida es innecesaria, no es una recomendación del Pacto de Toledo y no consigue el consenso político necesario para ser probada”, han señalado ambos sindicatos.
Las organizaciones sindicales han expresado su desconcierto ante una modificación que, según Seguridad Social, no supondría grandes cambios para los pensionistas ni para el sistema. Además, aseguran que, si no se reúnen los apoyos políticos necesarios, no habrá acuerdo social. “No la damos ni por recibida”, ha sentenciado Unai Sordo, secretario general de CCOO. “Esta segunda parte tiene que ver con la necesidad de reequilibrar el sistema de financiación de la Seguridad Social”, recordaba Pepe Álvarez, secretario general de UGT, este martes, exigiendo que el ajuste sea “equilibrado”.
Desde la otra orilla del diálogo social, la patronal también mantiene su negativa a apoyar las nuevas modificaciones, aunque por razones contrarias. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) rechaza el aumento de las bases de cotización máximas propuesto por Seguridad Social para financiar el sistema de pensiones por suponer un incremento de los costes salariales para las empresas, a pesar de llevar aparejado un aumento de las pensiones máximas. “El acuerdo con la CEOE es casi imposible”, ha asegurado el líder de CCOO. “Deberían ser más sensibles a la hora de dotar de recursos al sistema público de pensiones”, ha lamentado.
Propuesta de Escrivá
La intención de Seguridad Social es ampliar el periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, pero a partir de 2027 y de forma progresiva, cinco meses por año, hasta 2038. De esta manera, se confirma que la pretensión de Escrivá es esperar al despliegue total de la anterior subida de la edad aprobada, 25 años en 2027, para comenzar este nuevo incremento. Además, según el documento facilitado por el Ministerio a patronal y sindicatos en noviembre, de los cinco meses que se ampliarán por año a partir de esa fecha, el trabajador podrá escoger los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos. Fórmula similar a la que pretende Escrivá implantar una vez se alcanzase los 30 años en 2038, que el trabajador pueda descartar los 24 peores meses del periodo y quedarse con los 28 mejores años.
Ejemplificando detalles conocidos sobre la medida, en el año 2027, año de inicio de aplicación de la nueva edad, la persona que haya alcanzado la edad de jubilación, verá que el cálculo de su pensión contempla 25 años y cinco meses. Al año siguiente sería de 25 años y diez meses, en 2030 de 26 años y ocho meses y así sucesivamente hasta llegar a los 30 años contemplados para 2030, momento en el que se descartarán los 24 meses más desfavorables.
Sobre las bases de cotización, el titular de la cartera de Seguridad Social pretende aumentar los ingresos a la Seguridad Social haciendo que los empresarios paguen más por los trabajadores con mayores salarios aumentando las bases máximas. La idea de partida es aumentar el 28,85% las bases máximas entre 2025 y 2050, a tenor de 1,154 puntos por año, además de lo que cada año suba la base máxima según el IPC. También se pretende modificar el incremento de las pensiones máximas, que cada año suben según el IPC. La idea de Seguridad Social es que aumenten 0,115 puntos, además de lo que suba según la inflación cada año.
