Los sindicatos, UGT y CCOO, se han pronunciado sobre el anteproyecto de Ley de Función Pública aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros del martes. “Parece más un manual de gestión de recursos humanos que una ley de Función Pública que regule las condiciones laborales y humanas de los trabajadores de la Administración”, ha trasladado Carlos Álvarez, secretario federal de Administración General del Estado de UGT. En la misma línea, Elisa Fernández, secretaria general del Sector de la Administración General del Estado de CCOO, ha asegurado que los fallos responden a las “prisas” y la no negociación colectiva que ha rodeado al anteproyecto.
“Se considera a los empleados como una herramienta más del entramado organizativo de la Administración”, afea la representante de CCOO. La solución propuesta por ambas organizaciones sindicales en conjunto es negociar de forma completa el texto aprobado, ya que, entienden que limita los derechos de la plantilla y no cumple con las expectativas del personal público y la ciudadanía.
“En su mayoría supone un complejo entramado legislativo que incide en las herramientas autoorganizativas a emplear por la Administración para gestionar a su personal, pero sin buscar una conexión o incidencia directa sobre los empleados públicos. Por tanto, la consideramos una ley muy descompensada, que prioriza los mecanismos organizativos del personal, sobre sus condiciones de trabajo”, ha trasladado Álvarez.
A pesar de las críticas, los sindicatos han celebrado el desbloqueo de la norma después de la firma del Acuerdo marco para una Administración del siglo XXI, tras 15 años esperando el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado. Además, han puesto en valor que “por fin” una dirección del ministerio de Hacienda y Función Pública aborde esta situación, aunque en su opinión sea “muy mejorable”.
Entre los aspectos más destacados, mencionan la inclusión de los complementos de carrera y de evaluación del desempeño, a pesar del retraso en su implantación en la Administración General del Estado y las consecuencias en las retribuciones que viene suponiendo la falta de estos en las nóminas del personal. No obstante, creen conveniente “consolidar las horquillas de niveles de complementos específicos y complementos de destino” y “recuperar la estructura de las pagas extraordinarias previa a 2010”.
¿Qué contempla la ley?
La ley pretende impulsar la implantación de un modelo de recursos humanos público basado en las competencias y que favorezca la atracción y retención del talento. Así, se pretende dotar a la Administración de un marco normativo que permita dar respuesta a los actuales retos de la sociedad, reforzando el papel de liderazgo renovador de la Administración del Estado.
Esta norma, que forma parte de los compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), apuesta por los principios de planificación estratégica, adaptación de la selección de personal a las necesidades de la Administración, la evaluación del desempeño, la regulación del personal directivo público profesional o una nueva regulación de la carrera profesional.
La igualdad, el diálogo social y el aprendizaje durante toda la carrera profesional son los principios transversales que inspiran la ley. Su puesta en marcha estaba incluida en el Componente 11 del PRTR y vinculado a la medida ‘Refuerzo de las Capacidades del Empleo Público’.
