La Asociación de Riders Profesionales Autónomos (APRA) y Repartidores Unidos han lanzado una petición al Gobierno: la creación de una nueva figura del “autónomo digital”, en medio de un proceso de preparación de la nueva ley que regulará la actividad y los derechos de este tipo de trabajadores.
Las asociaciones han enviado una carta a las ministras responsables, Yolanda Díaz (ministra de Trabajo y Economía Social), Reyes Maroto (ministra de Industria, Comercio y Turismo) y Nadia Calviño (vicepresidenta económica y máxima responsable del Gobierno), reconociendo la necesidad de adaptar la regulación de este sector de cara al futuro.
Además, las asociaciones de riders han propuesto incluir a los trabajadores digitales en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en la regulación de cotización por tramos, con el objetivo de eliminar las tarifas planas reducidas. "Todo ello, sin excluir que aquellos que realmente trabajan como asalariados sean regulados como laborales", explican en la carta.
Entre otras de las peticiones del sector se encuentra reconocer el derecho de asociación de los trabajadores digitales autónomos y su representación en la mesa de diálogo social, a través de mecanismos de elección democrática de sus representantes, tal y como ha propuesto la Comisión Europea.
"La actual propuesta del Gobierno no tiene en cuenta la realidad del trabajo en plataformas"
Por otro lado, piden a las plataformas garantizar el acceso a formación en el trabajo de cada nueva alta en las plataformas, desarrollar un plan de riesgos laborales para garantizar la seguridad de los trabajadores y garantizar una remuneración mínima por hora de disposición.
"La actual propuesta del Gobierno no tiene en cuenta la realidad del trabajo en plataformas, y discrimina un sector por el solo hecho de utilizar una aplicación para la actividad profesional, sin importar si la relación existente entre los repartidores y las empresas que desarrollan las plataformas es realmente laboral o de autónomos”, denuncian las asociaciones, que aseguran que el Gobierno no se ha preocupado por conocer y regular su actividad.
"Ante la inminencia de ver regulado nuestro trabajo de forma unilateral y sin haber llegado a un mínimo consenso, y constatando que ninguno de los agentes sociales que deberían representarnos como colectivo lo hayan hecho dando voz a nuestras propuestas, nos hemos visto obligados a hacernos oír saliendo a la calle", aseguran haciendo referencia a las manifestaciones celebradas este jueves en once ciudades españolas.