Las cinco grandes energéticas (Iberdrola, Naturgy, Endesa, Repsol y Cepsa) han vuelto a presentar beneficios milmillonarios en 2023 que ascienden a los 10.500 millones de euros, pero protestan por el impuesto temporal que grava sus cuentas. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se ha plantado una vez más frente a los ataques de las empresas energéticas y sus amenazas de llevarse las inversiones fuera de España y acudir a los Tribunales. “Expresiones que suenan a bravuconadas”, ha considerado.

“Estoy deseando que todos aprendamos a practica algo que practicábamos en el colegio, que es que hablando se entiende la gente. Conviene explicarse en buen tono y no de forma airada, irritante e irritados”, ha denunciado la titular de la cartera energética en una entrevista a Diario Ara. “Tampoco con expresiones que suenan a bravuconada”, ha continuado, señalando que “han dicho cosas bastante absurdas” y lamentando que califique de “ideológico” aquellas decisiones que no gustan a las empresas. En esta línea, ha trasladado que estas compañías deberían sentir vergüenza cuando realizan determinadas afirmaciones y, en contraposición, presentan cuentas de resultados desmesuradas.

“Grandes empresas energéticas que han crecido de forma muy importante en sus negocios y beneficios gracias precisamente a los ciudadanos españoles, como poco, deberían sentir un cierto bochorno cuando se les plantea que parte de los beneficios extraordinarios que un determinado puedan obtener sean revertidos en favor de las medidas de acompañamiento y alivio de los consumidores españoles”, ha sentenciado al respecto, reiterando que las “bravuconadas no son recomendables”. Por el contrario, la vicepresidenta ha instado a mantener un diálogo constructivo.

“Sentarse a pensar cuál es el problema o cómo puede ir cambiando la realidad y de qué manera se puede contribuir es una buena cosa”, ha puesto sobre la mesa, advirtiendo a las grandes compañías energéticas de que “harían mal y no creo que la gente se lo tomara bien si la decisión fuese ‘asique me voy”, ha concluido. El impuesto va a seguir en pie porque, según los cálculos de Ribera, se requieren alrededor de 30.000 millones de euros al año invertidos en la modernización del sistema eléctrico.

No obstante, la problemática actual es la vía que se utilizará para actualizar el tributo convertirlo en dijo, dado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) eran los encargados de contener estas reformas y no llegarán. “No tenemos Presupuestos y habrá que ver como quedan las actualizaciones de una figura impositiva temporal”, ha trasladado la ministra. Más allá de lo referido a impuestos, Ribera ha valorado que las grandes empresas energéticas estén intentando amoldarse a los cambios, “a veces queriéndolos más y otras menos”.

“El sector eléctrico, depende de la compañía es muy diferente, entiende que, si parte de los usos finales de energía van a ser electrificados con fuentes renovables, van a seguir teniendo un beneficio estupendo, por tanto tendrá que prepararse”, ha destacado. Además, ha añadido que “otras empresas que trabajan más en el sector de gas y petróleo están reconvirtiéndose, a veces protestando más y otras menos”.

Bronca a Cataluña y auxilio con la sequía

La titular de la cartera de Transición Ecológica ha abroncado a la Generalitat de Catalunya por su retraso en el despliegue de renovables, convirtiendo a la autonomía en la última de España. “Desconozco por qué durante tanto tiempo ha habido una dejación de esta agenda tan importante. Cataluña representa una parte muy importante del consumo energético del país, tanto por densidad de población como por actividad industrial, y sin embargo es la comunidad autónoma con diferencia en la que ha durado más el parón renovable y menos ha crecido el despliegue de estas energías”, ha lamentado.

Sin embargo, Ribera percibe que “eso está cambiando” porque las administraciones se han dado cuenta de que disponer de una planta renovable es “enormemente beneficioso”, tanto para convertirse en un polo de atracción para la industria como para garantizar la estabilidad de precios. En otro orden de cosas, la vicepresidenta también ha abordado los problemas de sequía que atraviesa Cataluña y, junto con el conseller del ramo, han conseguido identificar “medidas estructurales que reforzarán la disponibilidad de agua en el área metropolitana de Barcelona y no solo”.

El refuerzo en la inversión del despliegue de más agua desalada, que acompaña a otras medidas de reutilización o recuperación de agua o de eficiencia en infraestructuras de transporte, completan el plan conjunto. No obstante, en el abordaje más inmediato, las medidas a corto plazo incluyen la “disponibilidad de barcos que transporten agua desalada”. “Alrededor de la primera semana de junio debería estar preparada la infraestructura de desalación y el tubo que permita transportar esa agua al barco para la carga”, ha explicado Ribera.