La renuncia del PSOE a pelar por unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 podría suponer un duro varapalo para las personas que atraviesan una peor situación económica. Las discrepancias en el seno del Gobierno de coalición se hicieron palpables la pasada semana, con las críticas de Sumar a la bajada de brazos de los socialistas. Las consecuencias van más allá del reparto de financiación autonómica, dado que actuaciones como la actualización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) depende de las cuentas anuales.

El IPREM es un índice que se utiliza como referencia para calcular los ingresos de muchos ámbitos más allá de lo plenamente laboral. Las solicitudes de prestaciones sociales, ayudas a la vivienda, bonos eléctricos, becas de estudio o límites fiscales son algunos de los muchos ámbitos que dependen de su cuantía. Esto significa que los perceptores de, por ejemplo, el subsidio por desempleo que tanta polémica ha generado no verán actualizada la prestación que perciben y perderán poder adquisitivo como consecuencia del aumento del coste de la vida y el estancamiento de su ayuda.

La actual cuantía del IPREM se sitúa en los 600 euros al mes, 7.200 euros anuales (8.400 en 14 pagas), misma cantidad contemplada en los Presupuestos de 2023. La cuantía se mantuvo congelada en los 532,51 euros entre 2013 y 2016, ascendió escasos cinco euros en 2017 y se volvió a estancar en los 537,84 euros hasta el 2020. Desde ese momento, el Ejecutivo de coalición había actualizado el montante año tras año hasta alcanzar los actuales 600 euros. De actualizarse, como mínimo, la inflación media del pasado 2023 (3,5%) debería elevarse en 21 euros, hasta los 621.

Ahora, el Gobierno deberá subir por otra vía el IPREM si quiere evitar que los más pobres pierdan todavía más poder adquisitivo al no actualizarse el índice con el Índice de Precios de Consumo (IPC). Las actualizaciones pasadas fueron insuficientes, pues se situaban por debajo del avance de la inflación, y los sindicatos apuntan a que esta situación se produce desde que se introdujo el indicador en 2004 como sustituto del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como referencia para ayudas ajenas al mercado laboral.

Al respecto, los sindicatos ya se han movilizado para exigirle al Ejecutivo de PSOE y Sumar que modifiquen al alza el índice utilizando la vía que sea necesaria. “El IPREM incumple de forma fragrante su principal función, que es la de garantizar unos niveles adecuados de cobertura social y fijar un parámetro objetivo para recibir ayudas del Estado”, denuncia la Unión General de Trabajadores (UGT). Este castigo para los más necesitados, además, “se va a ver agravado en este 2024”, ha añadido la organización sindical, que exige actuaciones al respecto.

No obstante, la demanda del sindicato no es la actualización del índice, que consideran atrasado e inútil. “Reiteramos nuestra petición de que se sustituya el IPREM, que ha quedao obsoleto y desfasado, por un índice objetivo de umbral de pobreza. Así ha ocurrido con la cuantía mínima de la pensión de jubilación contributiva, que a partir de 2027 no podrá ser inferior al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos, o la cuantía de la pensión no contributiva, que en 2027 deberá converger con el 75% del umbral de pobreza calculado para un hogar unipersonal”, defiende UGT.

La organización sindical ve en la caída de los Presupuestos una oportunidad de acometer la sustitución exigida. “El decaimiento refuerza la aspiración de este sindicato de que el indicador de referencia de ayudas públicas y subsidios por desempleo esté vinculado a un índice de pobreza, con actualizaciones automáticas que deberá prever la norma, y cuya cuantía debe ser, tal y como exige la Carta Social Europea, el 50% de ingreso mediano”, han destacado, apoyando su demanda en un documento de Bruselas que ignora el Ejecutivo.

El ingreso mediano se ubica actualmente en torno a los 1.600 euros, por lo que el indicador que reclama UGT se debería situar en torno a los 800 euros al mes. Esto supondría una gran actualización para los ciudadanos que perciban una ayuda pública, dado que verían elevado el umbral hasta 200 euros al mes. Aun así, seguiría siendo muy baja para asumir con dignidad una vida en cualquier gran ciudad del país. “Una verdadera política con conciencia social exige que la prórroga de los presupuestos no castigue a las familias más desfavorecidas”, concluye el sindicato.