Los comités de empresa de Renfe y Adif han acordado convocar diversas jornadas de huelga como respuesta al traspaso de las competencias de Rodalies a la Generalitat de Catalunya. Esta transferencia se contempla en el acuerdo firmado entre el PSOE y ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) de cara a la investidura de Pedro Sánchez. El texto rubricado por Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y Orio Junqueras, líder de los republicanos, contempla la “necesidad de culminar el traspaso integral del servicio”.

Como respuesta, los días 24 y 30 de noviembre y 1, 4 y 5 de diciembre se desarrollarán jornadas de huelga, tal y como se ha decidido en las reuniones de los comités de empresa de ambas empresas públicas celebradas este martes. Según han informado fuentes sindicales, estas reuniones extraordinarias han tenido lugar en las dos empresas públicas después de conocerse y meditar el acuerdo alcanzado entre PSOE y ERC y, finalmente, se ha optado por desarrollar protestas.

Estas, además, han sido acordados por el conjunto de sindicatos, tal y como ha celebrado UGT. “Celebramos que la totalidad de las organizaciones sindicales secunden la propuesta en ambas empresas ferroviarias y esperamos que en esta ocasión todos los sindicatos cumplan y defiendan los acuerdos que de forma unánime han tomado en el día de hoy ambos Comités de las citadas empresas”.

Tras el conocimiento del acuerdo, todos los sindicatos han criticado este acuerdo por la falta de información respecto a las condiciones laborales de las plantillas, tanto del operador como del administrador de la infraestructura. UGT, por ejemplo, ha hecho oficial que “valora de forma negativa el traspaso en los términos planteados”. Desde el Ministerio defienden que se trata solo de un acuerdo político que no aborda, por el momento, aspectos técnicos sobre cómo se llevaría a cabo este traspaso de competencias entre Estado y Generalitat.

Desde el sindicato liderado por Pepe Álvarez exigen al ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el cumplimiento de “una serie de premisas innegociables” y que se resumen en el mantenimiento de la integridad tanto de la Red de Infraestructuras Ferroviarias (gestionadas por Adif), como de Renfe Operadora, a la vez que se deben “garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, no sólo los económicos sino, también, los profesionales y de movilidad”.

Es precisamente ese aspecto el que preocupa a las organizaciones sindicales, que exigen conocer en qué situación deja el acuerdo a los trabajadores. Con respecto a esto, desde el Govern catalán han asegurado que se garantizarán las condiciones laborales de todos los trabajadores y que se hará un convenio de colaboración entre Generalitat y Renfe para facilitar la movilidad laboral. No obstante, aún no existe un documento definitivo que de tranquilidad a los trabajadores.

Este convenio prometido por el Ejecutivo catalán recogerá el respeto a los derechos laborales adquiridos por los trabajadores, y el Govern se ha comprometido con las organizaciones sindicales a explicarles cómo se realizará el traspaso y a que la gestión seguirá siendo 100% pública. Si PSOE y Sumar consiguen finalmente sacar adelante la investidura, en principio se traspasará únicamente las vías que sirven a las líneas R1, R2 y R3.

Posteriormente, se analizará el conjunto de la red en Cataluña para futuros traspasos, pero siempre que no afecten a los tráficos ferroviarios de más de una comunidad autónoma o al tráfico internacional, que no incluyan el tráfico de mercancías o que puedan desagregarse de la red de interés general del Estado.