El Gobierno aprobó la semana pasada un nuevo Real Decreto-ley en el que regulaba la moratoria de los alquileres para aquellos que se han visto afectados por un ERTE, que han sido despedidos de su trabajo o que han visto reducidos sus ingresos, todo ello como consecuencia del coronavirus o de las medidas tomadas para paliar el contagio.
Sin embargo, el Real Decreto no menciona qué ocurriría en el caso de los alquileres a estudiantes, especialmente importante tras la cancelación de las clases físicas para lo que queda de curso por parte de algunas de las universidades más importantes de España como la Universidad Autónoma de Madrid.
A raíz de esto, los universitarios que residen fuera de su vivienda habitual por motivos de estudio se han visto afectados por ello y, por el momento, no tienen una medida a la que acogerse o una idea clara sobre cuál es el procedimiento.
Diferentes casos
Es el caso de Judit, estudiante catalana con un programa Sicue de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que ha visto sus clases suspendidas pero que, por el momento, cree que tendrá que hacer los exámenes de forma física, por lo que sigue pagando el alquiler completo a su casero a pesar de no estar haciendo uso del piso.
Otro de los casos es el de María, estudiante catalana de Periodismo en la Universidad Autónoma de Madrid, hija de autónomos que han visto sus ingresos reducidos por la crisis del coronavirus. En este caso, María ha pactado con su arrendador el pago del alquiler del 20%, 100 euros de los 500 mensuales, durante los meses que quedan del contrato a pesar de que está viviendo con sus padres en Barcelona desde antes del estado de alarma.
María no puede dejar el piso porque probablemente tenga que volver a Madrid a hacer los exámenes de forma física y necesita un alojamiento para ese momento. Además, tiene sus cosas en la habitación y, por tanto, a efectos prácticos la habitación está ocupada.
Por otro lado, Ana es una estudiante de Ciudad Real matriculada en Ingeniería de Materiales en la Universidad Complutense de Madrid y, por tanto, viviendo en la capital desde hace varios años. Aunque no han recibido órdenes de la cancelación física total, Ana decidió volver a su casa antes del estado de alarma pero, sin embargo, sigue pagando el alquiler completo, sin recibir ninguna ayuda o proposición de acuerdo por parte del casero.
Los expertos recomiendan llegar a un acuerdo
Son muchos los casos de estudiantes afectados por esto, por lo que desde ElPlural.com hemos contactado con José María Alcañiz, experto en Derecho Civil y especialmente en alquileres. Ante este problema, el experto recomienda a los inquilinos afectados invocar a la cláusula de fuerza mayor para la resolución del contrato y con ello su finalización, evitando así el pago de los meses restantes, pero asegura que esta medida depende de la buena fe de ambas partes.
Alcañiz reconoce que habría que estudiar las cláusulas concretas de cada contrato y que para cada caso concreto la situación sería diferente. Así, aboga por llegar a un acuerdo entre ambas partes antes de comenzar un proceso judicial en el que tendría prioridad lo establecido legalmente por encima de lo pactado en el contrato. Un acuerdo que pasaría por “permitir el fin del contrato a cambio del pago de la fianza, por ejemplo”, recomienda Alcañiz.
“Está claro que es un caso de fuerza mayor, no es una decisión unilateral y ninguna de las partes puede evitarlo”, asegura el experto en Derecho Civil. El cierre por decreto de las universidades supone que los estudiantes desplazados no tienen por qué estar en los lugares donde estudian habitualmente y, por tanto, causa de fuerza mayor.
En el caso de que no se llegara a un acuerdo entre las partes, la cuestión pasaría a terreno judicial, concretamente por la vía de lo civil, que el propio Alcañiz recuerda que sigue “un ritmo lentísimo en circunstancias normales, con un año y medio aproximadamente”. Un periodo de tiempo que, en tiempos del coronavirus, se ampliaría mucho más allá de la espera normal.
Ya en los tribunales, la decisión sería del juez encargado ya que no hay sentencias previas de casos como este. Según el experto, “si hay abundancia de casos, finalmente sería una Doctrina del Tribunal Supremo la que marcaría como actuar en este caso”. Sin embargo, Alcañiz considera que, dada la multitud de casos, será el Gobierno quien probablemente apruebe una medida en forma de Real Decreto en los próximos días para atacar el problema.
