El Gobierno de Pedro Sánchez anunciaba en junio de 2018 que no prorrogaría la concesión ni el peaje en las autopistas de pago que terminaran el contrato de concesión durante su mandato. La primera de las autopistas públicas apareció solo unos meses después, en diciembre de 2018. Se trataba de la autopista AP-1 Burgos-Armiñón (Álava).

Desde entonces, el Ejecutivo ha continuado con la liberalización de las autopistas que agotaban su contrato de concesión. En enero de 2020, hace un año, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, anunciaba la liberalización del tramo de la AP-7 entre Tarragona, Alicante y Valencia, así como de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz.

El proceso continuará en 2021 con nuevas autopistas liberalizadas a lo largo del año. Por el momento, el Gobierno ha avanzado que el 1 de septiembre se liberalizarán hasta 640 nuevos kilómetros de autopista en todo el territorio nacional, con el fin de los peajes en dos nuevos tramos de la AP-7, concretamente los que unen Tarragona, La Jonquera, Montmeló y Papiol.

A partir del 1 de septiembre, por tanto, estos tramos serán gestionados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, antiguo Ministerio de Fomento. Así, solo serán de pago 318,7 kilómetros de los 948,3 kilómetros que conforman la AP-7.

Sin embargo, se mantendrán algunos de los peajes de la autopista, entre los que se encuentran el de la Circunvalación de Alicante, de los tramos Crevillente-Cartagena, el tramo Cartagena-Vera (Almería) y dos más en la provincia de Málaga: Benalmádena-Estepona y Torremolinos-Guadiaro.

La AP-2 pasará a ser pública

El Gobierno también ha anunciado la conversión de la autopista AP-2, conocida como Zaragoza-Mediterráneo, a partir del 1 de septiembre. En este caso se trata de una autopista de 215 kilómetros entre Alfajarín (Zaragoza) y El Vendrell (Taragona), como parte de la ruta europea E-90. El coste del peaje para un turismo en este tramo es, a día de hoy, de 20,65 euros. Un coste que se evitará a partir del 1 de septiembre.

Más allá de estas autopistas, también las vías C-32, que une Barcelona y Lloret del Mar, y C-33, entre Barcelona y Montmeló, dejarán de ser de peaje a partir del 1 de septiembre. En este caso, la gestión pasará a depender del gobierno autonómico catalán y no del gobierno central.