La presión mediática unida al miedo de que, en plena crisis sanitaria y económica, la factura de la luz suponga un descuadre en las cuentas de nuestros hogares hace crispar a la opinión pública. Es por ello que el Ejecutivo evalúa precipitadamente formas de parchear este bache, como es valorar la creación de una empresa pública de electricidad en un momento en el que además el gasto público se encuentra por las nubes.
Por ello, este verano, a diferencia de los anteriores, la atención no se ha focalizado en Gibraltar o en la llegada de inmigrantes ilegales a nuestras costas en situaciones inhumanas, sino que lo ha centradp el cuadro de la luz. Mientras la oposición propone quitar impuestos a la factura de la luz -que suponen entre un 50 y un 55% del recibo- y aprovechan los disparatados precios para hacer su campaña política en medio del barro eléctrico, Unidas Podemos, socio del Gobierno, considera que la creación de una empresa pública limitará los beneficios de las eléctricas. Por su parte, desde el Ejecutivo culpan al anterior Gobierno de Mariano Rajoy por la herencia recibida. Sin embargo, ¿Quién lleva razón en este asunto?
La verdad es que la altura política y de miras respecto a cuestiones tan banales como el consumo eléctrico deja mucho que desear. Mientras la izquierda considera que las centrales hidroeléctricas son las que están aprovechando para llenarse los bolsillos a costa de los consumidores, la derecha no propone ni solventa ninguna cuestión y simplemente se limita a realizar campaña política de pandereta y carnaval.
La creación de una empresa estatal hidroeléctrica sería una forma de intervención indiferente para las empresas privadas pero muy lenta de ejecutar, más teniendo en cuenta el contexto de urgencia que requiere su efectividad. Por otro lado, tampoco serviría de nada para hacer decrecer el ascenso de los precios a corto plazo, más teniendo en cuenta que las concesiones a las centrales hidroeléctricas vencen a partir del año 2030.
El problema en cuestión
Lo cierto es que el alto precio de la tarifa eléctrica en el mercado mayorista viene derivado del fortísimo incremento de precios que está sufriendo el gas natural y los derechos de emisión de CO2. Concretamente el incremento de la demanda de gas en Asia y la dependencia del Gas Natural Licuado de España, que llega desde Europa en buques de transporte son las principales causas de la catástrofe. A pesar de que la oferta de gas europeo no haya aumentado, sí lo ha hecho la demanda asiática, con lo que la competencia en el precio es que determina el precio. Es decir, si los asiáticos suben el precio, España se ve forzada a pagar más para que nos distribuyan gas. De hecho, según datos recogidos por Eurostat, el precio de la electricidad lleva descontrolado en toda la Unión Europea desde el pasado año 2020.
Por otro lado, el consenso internacional está de acuerdo en que hay que poner un canon a las empresas que contaminen y se establezcan los derechos de emisión (CO2 a la atmósfera), como consecuencia las centrales eléctricas de ciclo combinado incurren en unos costes altísimos, especialmente cuando se producen picos de consumo para casar oferta y demanda. De hecho, si finalmente existiera una empresa pública hidroeléctrica de España, la luz seguiría marcando máximos históricos. ¿Por qué? porque el que marca los precios es el ciclo combinado, además la demanda de energía ha vuelto a los niveles prepandémicos a pesar de que muchos ecologistas consideraban que la crisis del coronavirus serviría para realizar un replanteamiento del sistema energético. Obviamente no ha sucedido así. En los países que se impuso un confinamiento estricto, el consumo de electricidad llegó a caer un 25%
Además, el mercado eléctrico en Europa así como en todos los países de la OCDE es marginalista, es decir decir que el coste final de la electricidad es el precio marginal de casar oferta y demanda lo que significa que se paga el mismo precio por toda la energía adquirida, que coincide con el de la oferta más cara: la que proviene de las centrales eléctricas que emplean combustibles fósiles.
¿A quién afecta el problema?
A los usuarios que están acogidos al precio de venta público PVPC y que además se encuentran expuestos al mercado mayorista. De hecho en el caso de Italia y Francia, - ambas cuentan con empresas hidroeléctricas públicas- durante este verano también han viisto incrementar el precio de la electricidad en su recibo.
Por esta razón la Asociación de Empresas Productoras de Energía Eléctrica (AELEC) instan a que se lleve a cabo una reforma de la tarifa regulada, una propuesta que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya ha puesto sobre la mesa y que el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, también considera "que si hubiera voluntad el problema podría solucionarse mañana con un decreto ley" que limitara el precio del megavatio/hora.
