La reducción de la temporalidad hasta adecuarla a parámetros europeos y la incentivación de la contratación indefinida son los dos principales objetivos de la reforma laboral que vio la luz a finales de 2021. La Seguridad Social registra más de 21 millones de afiliados y los datos de trabajadores indefinidos alcanza máximos, en detrimento de las relaciones laborales sin estabilidad. Sin embargo, hecha la ley, hecha la trampa. La temporalidad ahora está más reglada y no puede ser utilizada por los empresarios indiscriminadamente para engrosar sus beneficios, pero estos han encontrado un resquicio en la normativa: el periodo de prueba.

El proceder es sencillo y consiste en usar sistemáticamente el periodo de prueba, que puede ir desde un mes hasta el medio año, como fórmula de empleabilidad temporal. Al acercase la finalización de este tiempo, el empresario tan solo tendrá que comunicar al empleado, con lo antelación suficiente contemplada en la ley, que no se ha superado el periodo. Además, esta finalización de la relación laboral ni siquiera se entiende como despido, sino como cese, por lo que no lleva unida una indemnización por despido, aunque si el finiquito por días trabajados y por vacaciones no disfrutadas.

Los sindicatos apuntan a que esta práctica empresarial está creciendo como forma de puentear la reforma laboral, llegando a representar de un 5% en 2021 al 25% en 2023, según datos de la Confederación General del Trabajo (CGT). Los números de la Seguridad Social apuntan a un incremento disparado rozando el millón de ceses utilizando este periodo durante 2023, un 76% más que lo registrado en 2021. “Es inadmisible que este periodo de prueba se use para defraudar el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a la estabilidad”, ha denunciado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

La también vicepresidenta segunda ha lamentado que esta práctica empresarial ataca directamente a la naturaleza del periodo de prueba, que debería entenderse como un valor imprescindible en las relaciones laborales, que está ideado únicamente para comprobar las aptitudes de la persona trabajadora y su encaje en la empresa. Dado que los empresarios han optado por otro camino, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), dependiente de la cartera de Trabajo, pondrá en marcha una campaña para comprobar posibles incumplimientos en relación con el periodo de prueba de los contratos de trabajo.

El trabajo de la Inspección se centrará en verificar los contratos de trabajo, ya estén constituidos a tiempo parcial o con jornada completa, que se extinguen por no superar el periodo de prueba a pesar de haber excedido su duración máxima, así como los despidos de personas trabajadoras que no superan el periodo de prueba a pesar de haber sido contratadas previamente para realizar las mismas funciones, situaciones más problemáticas y con mayor concentración de uso fraudulento. Los principales abusos son tres:

  • Si se despide al trabajador tras finalizar el periodo de prueba
  • Si se establece un periodo de prueba a un trabajador que ya lo ha superado
  • Si se realiza un periodo de prueba sin tener en cuenta la formación

Es más, el Estatuto de los Trabajadores establece lo siguiente:

  • El periodo de prueba tendrá una duración máxima de seis meses para técnicos titulados (2 meses en caso contrario)
  • En las empresas con menos de 25 trabajadores será tres meses a excepción de los técnicos titulados
  • En los contratos temporales de 6 meses o menos, no puede exceder un mes
  • Si la persona trabajadora ya desempeñó las mismas funciones con anterioridad no se someterá a un nuevo periodo de prueba

“Sabemos que algunas empresas incumplen estas reglas y no lo vamos a permitir”, ha comunicado la vicepresidenta, explicando la motivación de la Inspección de Trabajo. Esta se producirá través de la Herramienta de Lucha contra el Fraude, con la que Inspección de trabajo buscará posibles irregularidades para evitar que algunas empresas recurran a fórmulas que mermen los derechos de las personas trabajadoras y supongan un obstáculo para la libre competencia entre las empresas.

Desde que entrara en vigor la reforma laboral, hace ya más de dos años, el mercado de trabajo cuenta con cerca de tres millones de personas trabajadoras más con contratos indefinidos. El 91% de los casos han superado el periodo de prueba. “A pesar de ello, en ningún caso vamos a permitir que ese tiempo sea una excusa para el fraude. Se acabó ya el tiempo en que las personas trabajadoras eran de usar y tirar”, ha zanjado la ministra de Trabajo y líder de la coalición Sumar.