Los representantes de la Coordinadora Estatal en defensa del Sistema Público de Pensiones han registrado run total de 285.000 firmas en el Congreso de los Diputados para exigir una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social y de esta forma comprobar la "deuda histórica no reconocida" del Estado con la 'hucha de las pensiones' y cifrar cuánto dinero del sistema público ha ido a financiar políticas públicas ajenas al mismo. Los pensionistas han contado con el apoyo de Unidas Podemos, Esquerra Republicana, EH-Bildu, la CUP, Más País, el BNG y Compromís.

Según los pensionistas, durante años los superávit en cotizaciones sociales registrados en la Seguridad Social no engrosaron el volumen de reservas, sino que fueron utilizados por los diferentes gobiernos para financiar políticas sociales. Esta situación contraviene a la propia Ley General de la Seguridad Social, que establece que "su patrimonio único es afecto a sus fines, distinto al del Estado, y que sus recursos pertenecen única y exclusivamente a los trabajadores cotizantes". 

Según la Coordinadora: "Es urgente que una auditoría oficial determine el importe de esos saqueos para reponer la sostenibilidad del sistema cuestionada por los efectos de la política de los gobiernos" y que la situación actual se debe a los "saqueos previos y manipulaciones contables" que se han llevado a cabo durante varias legislaturas. Algunos cálculos presentados ante la Comisión del Pacto de Toledo llegan a cuantificar en hasta 519.104 millones de euros la acumulación de recursos en cotizaciones sociales que se han empleado para fines ajenas al pago de las pensiones, por lo que defienden que "el sistema es sostenible y, por tanto, no están justificadas las reformas realizadas ni las que anuncian Banco de España, la AIReF o la OCDE".

Los préstamos que apostillan tampoco se han aprobado para financiar el déficit de la Seguridad Social desde los Presupuestos Generales del Estado. ¿Por qué?  Aumentan el pasivo del sistema cuando en el pasado el Estado se sirvió del excedente para financiar otras políticas. Los pensionistas también han reunido un millón de firmas en defensa del blindaje de las Pensiones Públicas.