El Gobierno ha dado otra oportunidad a la mesa de diálogo social para extender los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) y ha convocado en la tarde de este jueves a patronal y sindicatos para alcanzar una solución conjunta tras el fracaso de la reunión celebrada este mismo miércoles. 

El punto de desencuentro estaría en la intención del Gobierno de dar por finalizados los ERTEs de fuerza mayor total, es decir, en aquellos casos en los que las empresas no hayan reabierto su negocio de ninguna forma y que sus trabajadores continúen sin realizar ninguna actividad productiva como consecuencia del impacto del coronavirus.

La reunión mantenida el miércoles entre Gobierno, sindicatos y empresarios terminó sin acuerdo para ampliar los ERTEs de fuerza mayor hasta el 30 de septiembre, tal y como informó CCOO. 

Según explicaba el sindicato, empresarios y sindicatos presentaron una propuesta conjunta para la prórroga del modelo recogido en el RDL 18/2020. Sin embargo, el Gobierno estaría dispuesto a prorrogar todo excepto la continuidad de los ERTEs de fuerza mayor de carácter total. 

El problema entre las partes parecen ser las exoneraciones de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores que continúan en situación de ERTE. "Hemos debatido durante cuatro horas, pero no ha habido ningún punto de encuentro ni propuesta alternativa por parte del Gobierno", explicaba la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente. 

Trabajo quiere terminar con los ERTEs de fuerza mayor total en la nueva normalidad

La propuesta del Ministerio de Trabajo es terminar con los ERTEs de fuerza mayor total en la nueva normalidad, vigentes actualmente hasta el 30 de junio, y mantener los ERTES de fuerza mayor parcial, es decir, para aquellas empresas que han reabierto su negocio y están retomando la actividad productiva de parte de sus trabajadores, más allá de esa fecha. 

"Se trata de medidas que han demostrado su eficacia y adecuación para dar respuesta al impacto económico y social generado por la crisis sanitaria del covid-19 en orden a salvaguardar el empleo, a proteger a las personas trabajadoras y a dotar de instrumentos a las empresas para una gestión dinámica de la crisis", afirman los agentes sociales.

Asimismo, tanto sindicatos como patronal consideran que la nueva normalidad "requiere igualmente de medidas laborales y de seguridad social que permitan transitar a empresas y personas trabajadoras con garantías de certeza y seguridad jurídica".