La semana pasada, en la enésima polémica entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España, las declaraciones cruzadas se centraron en la política tributaria del Gobierno y en la capacidad de éste de generar cierto “dumping fiscal” frente a otras comunidades autónomas: la polémica viene asegurada por la propuesta de Esquerra Repúblicana de Cataluña para revisar las condiciones fiscales de las comunidades autónomas, apuntando directamente a la región capitalina.
Como no podría ser de otro modo, el gobierno de Madrid y los partidos que lo soportan han reaccionado defendiendo la autonomía de la Comunidad Autónoma para establecer, dentro de la ley, sus propios criterios en materia de política tributaria. El modelo de la Comunidad de Madrid, una de las regiones más ricas de España, es mantener unos impuestos bajos para, según sus defensores, atraer riqueza, talento y actividad económica dentro de sus límites.
Los datos parecen avalar esta política: Madrid se ha convertido en la región más competitiva del sur de Europa, y su distancia respecto de las regiones más pobres de España parece haberse incrementado en los últimos años, en los que se paró la convergencia regional. Madrid, es, conjuntamente con País Vasco, Navarra y Cataluña, una de las pocas comunidades autónomas que sobrepasa la renta per cápita de la Unión Europea. Pero al hacerlo, Madrid se ha desconectado del resto de Comunidades Autónomas. Achacar esta evolución a la política fiscal exclusivamente es mirar demasiado poco sobre la realidad.
La convergencia y divergencia regional no se explican, en absoluto, únicamente por las balanzas fiscales y hacerlo poniendo el foco únicamente en estas es un grave error que nos lleva por el mal camino político de enfrentamientos entre territorios. Sería más interesante analizar la dinámica territorial atendiendo al conjunto de variables que afectan a la geografía económica de España. Así, las economías de aglomeración, que generan cierto “efecto Mateo” (al que tiene, se le dará, y al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene) en la localización de las actividades económicas, deberían estar detrás de gran parte de la divergencia que nos preocupa. Estas economías de aglomeración responden además a la realidad de que, por su condición de capital de España, buena parte de la actividad económica se sitúa en su perímetro, particularmente aquella relacionada con los servicios públicos, los servicios profesionales y los servicios financieros, mientras que la industria pierde peso en su composición. De esta manera, Madrid no es una región particularmente exportadora: Madrid exporta el 13% de su PIB, sólo por encima de Baleares, Canarias y Extremadura. Atendiendo a sus ventas para otras Comunidades Autónomas, de nuevo solo los archipiélagos se encuentran por detrás. En otras palabras. Madrid es una aglomeración económica que vive para sí misma y tira del conjunto de la economía: cada año Madrid compra al resto de comunidades autónomas el doble de lo que le vende. Es, de esta manera, la Comunidad Autónoma con mayor déficit comercial de España.
La propuesta de armonización fiscal que se plantea pretende basarse en el desequilibrio que supone que los bajos impuestos que se pagan en Madrid afectan al conjunto de las Comunidades Autónomas, bien porque Madrid podría aportar más a la caja común del sistema de financiación, bien porque existe cierto “efecto huida” de grandes contribuyentes hacia la región. El cálculo señala que Madrid deja de recaudar -por tener en muchos casos los impuestos más bajos de España- alrededor de 4000 millones de euros. Lo cierto está en que ese “dumping fiscal” parece centrarse exclusivamente en las rentas más altas: Madrid es la región donde se pagan menos impuestos sobre la renta a partir de 60.000 euros de renta, con un tipo regional del 21%, unos 4 puntos por debajo de lo que se paga en Cataluña, Andalucía o Extremadura. De la misma manera, Madrid tiene altamente bonificados los impuestos de Sucesiones y de Patrimonio. Cuando el gobierno de Madrid dice que la armonización fiscal significaría que cada familia Madrileña pagaría 1.700 euros de más, está calculando que esos 4000 millones se repartirían de manera equivalente entre todas las familias, cuando evidentemente no es así: la armonización afectaría fundamentalmente al 7,4% más rico de la región, que es aquél que gana más de 60.000 euros al año, o el 0,2% que tiene un patrimonio por encima de 700.000 euros excluida la vivienda habitual, o el que recibe herencias de grandes cuantías. Se nos dice que cada familia madrileña tendría que pagar 1700 euros de más, pero lo cierto es que la bonificación del impuesto de patrimonio regaló 52.000 euros, de media, a los 17.000 declarantes existentes en la región, esto es, al 0,2% de la población. Los 905 millones de euros que se dejaron de recaudar por ese impuesto son alrededor de 6 veces lo que destinaba la Comunidad de Madrid a su Renta Mínima de Inserción ese mismo año.
En conclusión: los primeros beneficiados de la subida de impuestos en Madrid serían los propios madrileños: Madrid es una de las comunidades autónomas que, con datos de 2018, menos gasta per cápita en salud pública, sólo por delante de Andalucía, y también es la que menos gasta per cápita en educación pública, de acuerdo con FEDEA. Madrid es, de acuerdo con un informe de Save The Children la comunidad autónoma con mayor grado de segregación escolar, y la comunidad autónoma más desigual, medida en términos de Gini, de España. Pese a ser la Comunidad Autónoma más rica, no es la que menos tasa de pobreza tiene (15%), con varias comunidades autónoma con mejores datos (País Vasco, Navarra y Rioja), y una tasa de carencia material severa del 4,5%, muy cercana del a la media del conjunto de España (4,7%), por detrás de comunidades autónomas mucho menos opulentas. En conclusión, que es bastante probable que a Madrid le viniera bien un incremento de sus ingresos públicos para satisfacer esta infradotación de políticas públicas y corregir sus cifras de desigualdad, que no se corresponden con su elevado nivel de vida. Bien pueden decir los defensores de la política del gobierno de Madrid que eso es lo que han votado los madrileños. Y no les falta razón. Pero si queremos vivir en un país más igualitario y más equilibrado, la autonomía fiscal no debería ser una salvaguarda para generar un agujero negro de desigualdad.
Hablando de fiscalidad, el acento nunca debería estar puesto en el territorio, sino en las personas y en su capacidad contributiva: lo que está ocurriendo en Madrid es que su gobierno ha decidido, con un gran apoyo electoral, que los más acaudalados no contribuyan en la manera en la que lo hacen otros contribuyentes con grandes rentas y grandes patrimonios en otros lugares de España. Luego podremos hablar de autonomía fiscal, federalismo o centralismo en la toma de decisiones tributarias, pero la solución no pasa por acosar a uno u otro territorio, sino por establecer un sistema de financiación autonómica efectivamente justo y eficaz, y un sistema tributario que garantice que todas las personas en España tienen no sólo los mismos derechos, sino también las mismas obligaciones -tributarias, en este caso- teniendo en cuenta la diferente posición de partida de cada una de ellas.