El número de oficinas bancarias en nuestro país se sitúa en mínimos de 1976. Al cierre del año pasado, 19.015 eran las sucursales que aún permanecían abiertas, 3.288 menos que el año anterior y 4.900 menos que en niveles previos a la pandemia. A finales del año 2019, el número de oficinas abiertas a lo largo del territorio español era un 20,4% superior al actual, lo que supone que una de cada cinco sucursales ha cerrado desde entonces.

Concretamente, el Banco Santander cerró 992 oficinas en España en 2021, CaixaBank clausuró 943, BBVA cerró 587, Sabadell bajó la persiana a 326 sucursales, Unicaja redujo su red en 156 oficinas, Ibercaja cerró 117 centros y Abanca recortó 18 oficinas. Bankinter fue el único banco que no hizo ningún ajuste en su red de sucursales.

Estos cierres no han afectado únicamente al servicio ofrecido a los usuarios, además ha costado la destrucción de unos 12.100 puestos de trabajo, que se realizó, en la mayoría de las ocasiones, a través de la realización de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). El ranking de personas despedidas lo encabeza también el Banco Santander con 3.572 puestos de trabajo destruidos. De cerca lo sigue BBVA, que firmó un ERE que afectó a casi 3.000 trabajadores, y el Sabadell, que ejecutó 1.800 salidas voluntarias y acordó un ERE sobre 1.605 empleados que todavía no se ha ejecutado en su totalidad.

Este creciente cierre de sucursales y despido de trabajadores se vio acelerado por la influencia de la crisis del coronavirus. Las entidades bancarias destacan el cambio de relación con la clientela, que cada vez acude menos a las sucursales y optan por los canales online, como principal factor de este cambio en su política de atención al cliente. Siguiendo esta tónica, las principales entidades financieras han incidido en la reducción de costes y ganancia de eficiencia, apostando por el desarrollo tecnológico y los procesos de fusión.

Aunque esta evolución hacia la eliminación de los espacios y la atención física, en favor de la interacción tecnológica, parecer seguir una evolución razonable y paralela a la de nuestra sociedad, la gente de más edad corre el peligro de quedarse atrás y no poder realizar sus gestiones. Es debido a esta situación que se requieren medidas para evitar la brecha tecnológica y la exclusión financiera que afecta a las personas más mayores, pues no pueden quedar al margen del uso de unos servicios que están obligados a usar.