Los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho están siendo investigados por la ampliación de capital emprendida en 2016 y en la que podrían haber incurrido en delitos contra el mercado, falsedades societarias, administración desleal, falsedades documentales y apropiación indebida. Todos ellos hechos cometidos años antes de que el banco presidido por Ana Patricia Botín absorbiera al Popular, en septiembre de 2018. Sin embargo, según el artículo 130.2 del Código Penal, el Santander sería penalmente responsable de los delitos cometidos por el Popular como persona jurídica, aún cuando fueran entidades separadas en el momento de cometerse los delitos. Esto es, que la entidad que absorbe no sólo hereda las deudas o multas de la absorbida, sino también la responsabilidad de hechos que podía desconocer en el momento de la absorción.
Este traspaso de la responsabilidad penal hace que muchas veces las absorciones se conviertan en un campo de minas y una de ellas le ha estallado al banco cántabro. Si bien es cierto que la rápida absorción del Popular despertó dudas en su momento, debido a la gestión de Ron y Saracho, que presuntamente habrían maquillado las cuentas del banco para reflejar ganancias, cuando en realidad existían unas pérdidas cercanas a los 3.500 millones de euros. La crisis sufrida por el Popular fue de tal calado que el Santander lo adquirió por un euro en junio de 2017.
La imputación del Santander se considera como un mero trámite al que obliga el Código Penal y se espera que una vez estudiado el caso por el juez José Luis Calama, el Santander quede extento de responsabilidad, toda vez que el magistrado considere que la absorción no se hizo para que los gestores del Popular evadiesen su responsabilidad penal.
Aún así el Santander recurrirá ante la Audiencia Nacional su imputación, según han informado a Europa Press fuentes de la entidad. Aunque existen precedentes en los que la responsabilidad penal no se traslada a la empresa absorbente, como ocurrió en el caso de la compra de Banco de Valencia por Caixabank.
Además de Ron y Saracho, también están siendo investigados los exconsejeros delegados del Popular Pedro Larena y Roberto Higuera y el auditor de PwC Pedro Barrio.
