Apenas 48 horas después de la imputación de Ignacio Sánchez Galán en el caso Villarejo, el juez instructor del caso en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha emitido un auto en el que pregunta a la Fiscalía qué hacer con Iberdrola como compañía. En dicho auto deja entrever la posible imputación de la compañía como persona jurídica en el caso, tal y como ha podido comprobar ElPlural.com.
El magistrado se dirige a la Fiscalía Anticorrupción para consultar su criterio antes de tomar una decisión, aunque la última palabra la tiene el juez del caso. Todo comienza con el documento presentado por José Antonio del Olmo, testigo clave y ex director de Control de Funciones Corporativas, hace un año, en el que desvelaba la supuesta relación de José Manuel Villarejo con el ex jefe de seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo, y que el presidente de la compañía estaba al tanto.
Iberdrola presentó una querella contra este ex directivo por falsificación de documentos, alegando que dicho documento fue enviado al notario pero no cuenta con la firma de Iberdrola. Fuentes de la compañía aseguran que el documento no tiene constancia en la empresa y piden al juez que se pronuncie sobre ello.
Sin embargo, García-Castellón reconoce en el auto que la imputación del presidente y de tres directivos cercanos a su persona - Fernando Becker, Francisco Martínez Córcoles y Rafael Orbegozo- tiene parte de su sustento en la valoración sobre la documentación presentada por Del Olmo en su momento. Ante esto, el auto del juez de la pieza 17 del caso Tándem deja entrever que considera válida la documentación presentada por el ex directivo, al que reconoce como un “testigo clave del caso” y menciona a Iberdrola S.A., más allá de los ya imputados.
“Puede concluirse, por tanto, que aparentemente, ya en el año 2004 se pusieron de manifiesto las sospechas de actuaciones irregulares por parte de Iberdrola, S.A. y algunos de sus directivos, entre los que se encontrarían Ignacio Sánchez Galán, Fernando Becker Zuazúa y Francisco Martínez Córcoles, cuando menos en relación con la ejecución de los trabajos del proyecto Arrow”, reza el auto al que ha tenido acceso ElPlural.com.
Posible conflicto de intereses
Con estos hechos, el juez acuerda trasladar al Ministerio Fiscal esta cuestión, con “carácter previo a resolver sobre las cuestiones planteadas”, para que informe sobre la “situación procesal de la mercantil Iberdrola” y, más concretamente, “respecto a la condición procesal que debe ostentar en la presente causa esta persona jurídica, el posible sobreseimiento de los hechos objeto de la querella […] y la existencia de un posible conflicto de intereses”.
Es decir, el magistrado deja entrever un posible “conflicto de intereses” derivada de la “voluntad puesta de manifiesto por Iberdrola de actuar como acusación frente a quien podría ser uno de los testigos claves para sostener la acusación, el Sr. Del Olmo, y los indicios que podrían situar a esta misma mercantil en el círculo de responsables penales de esta pieza separada”, reza el escrito dirigido a la Fiscalía.
Así, llama a la Fiscalía a responder en un plazo improrrogable de 10 días, “a fin de minimizar, en la medida de lo posible, el impacto que una posible responsabilidad penal pudiera tener en la entidad”.
Ahora, el Ministerio Fiscal debe responder sobre varias cuestiones. Por un lado, la “posición procesal que debe ostentar en la presente causa esta persona jurídica (Iberdrola)”. En segundo lugar, sobre la “posibilidad de acordar el sobreseimiento provisional de los hechos objeto de la querella” sobre José Antonio Del Olmo. Y, por último, sobre la “existencia de un posible conflicto de intereses ante la voluntad puesta de manifiesto por Iberdrola de actuar como acusación” contra el ex directivo.
Galán está "encantado de poder ir a contar lo que no nos han dejado contar"
El consejo de administración de Iberdrola ratificó hace menos de 24 horas su apoyo a Galán y su continuidad en la presidencia, remitiéndose a la comunicación enviada a la CNMV y al juez en el mes de mayo en el que recalcaba su intención y colaboración con la justicia, tanto de sus empleados como de su cúpula directiva.
“El consejo de administración pone a los administradores y empleados de la sociedad a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6 para que, en la medida en que lo considere necesario y tan pronto como sea posible, comparezcan para proporcionar su testimonio y, de esta manera, facilitar la finalización de la investigación en curso", rezaba el texto.
En esta línea también se ha pronunciado el presidente este jueves públicamente, que reconoce estar “encantado de poder ir a contar lo que no nos han dejado contar hasta ahora", después de que no se haya permitido a la compañía personarse en el caso.