El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha reaccionado públicamente este jueves a su imputación en el caso Villarejo y afirma estar “encantado de poder ir a contar lo que no nos han dejado hasta ahora”. Así lo ha desvelado en el Foro Tendencias 2022, organizado por El País, donde además ha criticado que no se haya "dejado personar" a la compañía en el caso.
El máximo directivo de Iberdrola ha reconocido esta mañana que la imputación "no es una situación agradable" pero matiza que le dará la oportunidad de ir a contar "su versión", tras "tres años enterándonos de las noticias por los medios de comunicación", ha criticado. Estas declaraciones van en la línea de lo avanzado por fuentes de Iberdrola a ElPlural.com este miércoles, asegurando que veían la imputación como "una oportunidad".
Con estas palabras, Galán ha roto su silencio tras la imputación en la pieza 17 del caso Tándem este miércoles por delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil por los presuntos encargos y espionajes contratados con el ex comisario José Manuel Villarejo, a través de su sociedad Cenyt entre 2004 y 2017.
El juez encargado del caso en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha imputado al presidente de la eléctrica por indicios sobre la supuesta relación de la compañía, y algunos de sus directivos, con el ex comisario en el proyecto Arrow, centrado en el espionaje de competidores u organizaciones ecologistas en medio de la puesta en marcha de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz).
El juez instructor ha imputado también a otros tres directivos de la compañía. En concreto, el número dos y consejero-director general de Negocios de Iberdrola, Francisco Martínez Córcoles; el expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker; y el exjefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo. Todos ellos directivos cercanos a Galán.
Mensaje al juez: "Investigue lo que quiera y lo que están diciendo y déjeme que le cuente mi versión"
El presidente de Iberdrola ha lamentado hoy que la compañía no haya podido tener acceso a la información durante este periodo y ha vuelto a remitirse a la petición de personarse de forma voluntaria en la causa el pasado 25 de mayo, con una comunicación a la CNMC y al juez, "sin éxito", en palabras del propio Galán.
Sobre esto, ha explicado públicamente que el consejo de la administración de la energética, "un poco ya cansado", decidió poner a disposición del juez a todos sus miembros, tanto empleados como directivos, para "contar su verdad". "No tenemos ninguna información fehaciente sobre el expediente", ha asegurado el máximo directivo de la compañía.
"Investigue lo que quiera y lo que están diciendo y déjeme que le cuente mi versión. Estoy encantado de que podamos ir a contar todos y cada uno de nosotros nuestra versión. La versión ahora mismo es la que tenemos por los medios de comunicación. Estoy encantando de poder ir a contar lo que no nos han dejado contar hasta ahora, ya que no nos han dejado personar", se ha pronunciado este jueves.
El presidente ha recalcado por último que, a pesar de su imputación, sigue trabajando para sacar adelante el plan estratégico del grupo. De hecho, fuentes de Iberdrola han asegurado a ElPlural.com que el presidente no tendría que abandonar la presidencia en base a sus estatutos hasta que no comience el proceso judicial y sea llamado a juicio oral por García-Castellón.
El consejo tendrá que decidir su futuro en la apertura de juicio oral
“Los estatutos hablan de cuando empieza el proceso judicial. El proceso judicial se abre cuando hay una apertura de juicio oral, cuando el juez acusa a una persona” -explican fuentes jurídicas de Iberdrola a ElPlural.com- “El caso ahora está en fase de instrucción. El juez está valorando lo que hay, que es el paso previo a un juicio oral”.
En este supuesto, será el consejo de administración de Iberdrola quien decida si Galán debe o no seguir en la presidencia de la compañía. Un consejo que ratificó su apoyo al presidente en la comunicación enviada a la CNMC y el juez y también lo hizo en la junta de accionistas celebrada el pasado viernes.
Sin embargo, los estatutos de la compañía son claros y aseguran que "ningún administrador, profesional o proveedor de las sociedades del Grupo puede justificar una conducta impropia, ilegal o que contravenga lo establecido en el Sistema de gobernanza y sostenibilidad".
“Los principios éticos que deben presidir la actuación de los administradores de las sociedades del Grupo -y de las personas físicas representantes de los administradores personas jurídicas- son: el estricto cumplimiento de la legalidad y del Sistema de gobernanza y sostenibilidad, incluyendo, en particular, sus deberes en materia de confidencialidad, uso de información no pública, no competencia, uso de activos sociales, oportunidades de negocio, operaciones vinculadas y otros conflictos de interés”, rezan los estatutos, que saldrían a la palestra en el momento en que Galán sea acusado.
Más de 1 millón de euros en pagos entre 2004 y 2017
Las investigaciones apuntan hasta el momento a que Iberdrola pagó al ex comisario un total de 1,13 millones de euros entre 2004 y 2017 por el espionaje a diversos sectores, entre los que se encontrarían políticos, ecologistas o empresarios contrarios.
Además de las últimas noticias, ya están imputados en el caso otros ex directivos como el exjefe de seguridad y principal enlace con Villarejo, Antonio Asenjo; el ex consejero y director general, José Antonio del Olmo, o el exresponsable de control, José Luis San Pedro ya han sido imputados en el caso. También directivos actuales como Pablo Insunza, actual responsable de Control y Administración, y Juan Carlos Rebollo, jefe de Riegos y Aseguramiento Interno.
