El consejo de administración de Iberdrola ha ratificado su apoyo a la continuidad de Ignacio Sánchez Galán en la presidencia, a pesar de su imputación en la pieza 17 del caso Tándem este miércoles por un delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil a raíz de los encargos y presuntos contratos y espionajes con el ex comisario Villarejo.
Así lo ha desvelado el órgano de la compañía en un comunicado enviado a los medios de comunicación, donde informa de que hoy, jueves 24 de junio, se ha recibido el auto de fecha 23 de junio de 2021 del Juzgado Central de Instrucción nº6, con la imputación de Galán y de otros directivos cercanos como son Francisco Martínez Córcoles, Fernando Becker y Rafael Orbegozo.
"En el día de hoy se ha recibido el Auto de fecha 23 de junio de 2021 del Juzgado Central de Instrucción nº 6 ante el que se tramitan las Diligencias Previas 96/2017 (Pieza Separada 17) del Caso Tándem (también denominado Caso Villarejo), por el que se acuerda la citación en calidad de investigados en dicho procedimiento de Fernando Becker y Rafael Orbegozo, ex empleados de Iberdrola, y de Francisco Martínez Córcoles, Director General de los Negocios (Business CEO), e Ignacio Sánchez Galán, Presidente y Consejero Delegado de Iberdrola", comienza el comunicado.
El documento recalca que "estas citaciones se producen en la fase de instrucción (fase de investigación o preparatoria) y tienen como objetivo escuchar a las personas afectadas garantizando todos sus derechos", en línea con lo avanzado por fuentes de Iberdrola a ElPlural.com, que ven la imputación como "una oportunidad para contar su versión". Algo similar ha ocurrido esta mañana con las declaraciones del propio presidente de la eléctrica, que asegura estar “encantado de poder ir a contar lo que no nos han dejado hasta ahora”.
"Actuado de conformidad con el Sistema de gobernanza y sostenibilidad"
"Los órganos sociales, la Comisión Ejecutiva Delegada y el propio Consejo de Administración de Iberdrola han valorado la situación y su impacto sobre la compañía. A este respecto, tal y como se informó mediante comunicación a la CNMV y al propio juzgado el pasado 25 de mayo, la Comisión Ejecutiva Delegada dejó constancia de que, desde el primer momento y de manera continua, el Consejo de Administración y las Comisiones de Iberdrola había actuado de conformidad con el Sistema de gobernanza y sostenibilidad, impulsando todas las actuaciones necesarias para el total esclarecimiento de los hechos con la información que ha sido conocida en cada momento y dando traslado de dichas actuaciones a las autoridades judiciales", asegura Iberdrola en su comunicado oficial.
La compañía hace referencia, una vez más, al documento remitido a la CNMV y al juez instructor del caso, Manuel García Castellón, el pasado 25 de mayo y recalca que "para la mejor protección del interés de Iberdrola y sobre la base de la confirmación de las conclusiones alcanzadas en las investigaciones internas realizadas y en coherencia con su ánimo de remitir al juzgado cualquier información relevante, se acordó poner a todos los administradores y empleados de Iberdrola a disposición del Juzgado Central de Instrucción nº 6 para que, en la medida en que lo considerase necesario y tan pronto como fuese posible, comparezcan para proporcionar su testimonio y, de esta manera, facilitar la finalización de la investigación en curso".
"Dicha decisión fue oportunamente comunicada en la misma fecha al Juzgado Central de Instrucción nº 6. Las citaciones recibidas son una vía para esclarecer una investigación en la que Iberdrola ha actuado con la máxima transparencia desde el primer momento", continúa.
La Comision Ejecutiva Delegada ha dejado también constancia expresa de que "conforme a las conclusiones de la investigación interna y del informe forensic independiente encargado a PwC, no se ha puesto de manifiesto la comisión de ningún tipo de ilegalidad o irregularidad ni de ninguna conducta inapropiada (ni indicio alguno de su posible comisión) por parte de los miembros dl Consejo de Administración ni de la Alta Dirección en relación con los hechos del denominado Caso Villarejo".
"Absoluta colaboración" con la justicia
Con estas circunstancias, "a la vista de todos los antecedentes y, en particular, teniendo en cuenta la completa investigación interna realizada, el informe forensic irrealizado por PwC, el seguimiento exhaustivo y la detallada información recibida a lo largo de todo este proceso por el Consejo de Administración y sus Comisiones, y la evaluación continuada por parte de los órganos sociales de la situación y de la actuación de las personas involucradas, se acordó dar por debidamente cumplidas las obligaciones establecidas en el Sistema de gobernanza y sostenibilidad de la Sociedad y en las recomendaciones del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas para el caso de que algún miembro del Consejo de Administración fuera llamado como investigado en el procedimiento penal, sin que se considerara preciso la adopción de medida alguna y ratificando el apoyo a la gestión realizada", afirman el comunicado.
Asimismo, avanzan que la compañía "continuará monitorizando, en aplicación de su Sistema de gobernanza y sostenibilidad, la evolución del Caso Villarejo y prestando su absoluta colaboración a la Administración de Justicia con el ánimo de conseguir, a la mayor brevedad posible, el total esclarecimiento de los hechos investigados".
Las investigaciones apuntan hasta el momento a que Iberdrola pagó al ex comisario un total de 1,13 millones de euros entre 2004 y 2017 por el espionaje a diversos sectores, entre los que se encontrarían políticos, ecologistas o empresarios contrarios.
Además de las últimas noticias, ya están imputados en el caso otros ex directivos como el exjefe de seguridad y principal enlace con Villarejo, Antonio Asenjo; el ex consejero y director general, José Antonio del Olmo, o el exresponsable de control, José Luis San Pedro ya han sido imputados en el caso. También directivos actuales como Pablo Insunza, actual responsable de Control y Administración, y Juan Carlos Rebollo, jefe de Riegos y Aseguramiento Interno.
