El nuevo Gobierno conformado por Pedro Sánchez tras su reciente investidura deberá afrontar múltiples retos inmediatamente. Uno de los nombres ya conocidos, pero que cambia de cartera, es el de Isabel Rodríguez, sobre el que se deposita el foco. La socialista ha recalado en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, de nueva creación y que viene cumplir la promesa del presidente de convertir la vivienda en el “quinto pilar del Estado del Bienestar”. Rodríguez desembarca en un momento social convulso, con los desahucios multiplicándose por días, y su carta de presentación ha alertado a los movimientos sociales.
El Ejecutivo garantiza que la vivienda es una “prioridad” y el acceso a ella por parte de todos los ciudadanos el objetivo a conseguir. La ministra ha seguido la línea defendida por Sánchez durante el anterior Gobierno, la posterior campaña y los momentos previos a su investidura. “No puede que el principal problema de los españoles sea el acceso a la vivienda, que es un derecho constitucional", trasladaba Rodríguez al recoger la cartera, asegurando que daría cumplimiento al derecho “a una vivienda digna, para que cada español o española tenga un techo para conseguir su proyecto vital”.
La anterior ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno va a tener complicado cumplir su cometido. Los alquileres continúan incrementándose y comprar ya no es una opción. Mientras, los bancos y fondos de inversión afilan aún más sus cuchillos, por los que cada día pasan cientos de familias que se ven en la calle, sin alternativa habitacional y con una deuda que ni siquiera les es condonada.
La ley de Vivienda pretendía combatir esta situación, pero las competencias transferidas a unos Gobiernos autonómicos más preocupados por bajarle los impuestos a los ricos que por garantizar la vivienda de sus ciudadanos ha dejado estériles sus efectos. La suspensión de los desahucios para personas en situación de vulnerabilidad tampoco es real, dado que para recibir esa denominación no pueden percibirse ingresos apenas. Por si fuera poco, las medidas de rango nacional, como la prohibición de cobrar los servicios de inmobiliaria y los gastos dependientes del propietario al inquilino, son puenteada por tenedores y empresas.
La miles de viviendas prometidas durante la pasada legislatura, de carácter protegido y dedicadas al alquiler social, no acaban de llegar. Sobre el papel, 184.000 inmuebles serán construido y 43.000 rehabilitados para este cometido, pero por el momento tan solo se han construido 20.000. “Aumentaremos el parque público de vivienda para alquiler asequible”, asegura Rodríguez, que quiere situarlo en el 20% del total de vivienda.
No obstante, mientras todas estas promesas no terminan de materializarse y la clase trabajadora sigue sufriendo la realidad del mercado de la vivienda, los ánimos comienzan a tensarse entre los movimientos sociales y un Gobierno de coalición en el que aseguran que ya no confían. Las primeras declaraciones de Rodríguez al frente de la cartera, que a muchos recordaron a las pronunciadas por su compañero socialista que también lideró el Ministerio, José Luis Ábalos (“la vivienda también es un bien de mercado”), han terminado por detonar la polémica.
Apoyo al propietario
Las palabras de Rodríguez durante su primer discurso al frente del nuevo Ministerio, acordándose de los propietarios, han levantado ampollas. No hubo referencias a los 105 desahucios que se producen diariamente en España, cifra al alza en los últimos meses, ni a los alquileres disparados o las hipotecas encarecidas. “Sensibilidad con los pequeños propietarios”, que la ley establece en menos de diez viviendas en propiedad (cinco en zonas tensionadas si así lo quieren las Comunidades Autónomas), “a ellos también les vamos a proteger", apuntaba Rodríguez.
“Esfuerzo, trabajo y ahorros para la compra de una segunda vivienda que complementa sus rentas” fueron las palabras que pusieron el lazo a la declaración. “¿De quién necesita el Gobierno de Sánchez proteger a los pequeños propietarios?”, le ha respondido Irene Montero. “A quien hay que proteger de los buitres es a las familias, a las personas que alquilan, a las que desahucian las entidades financieras”, le ha demandado su anterior compañera de Gobierno y ministra de Igualdad hasta este martes.
No solo los movimientos sociales, desde las diferentes PAH a los sindicatos de vivienda, y anteriores miembros del Ejecutivo saltaron al escuchar estas palabras. Personalidades políticas de partidos enmarcados en el actual Gobierno de coalición también reaccionaron a las palabras de Rodríguez. “No es por aquí”, espetaba Iñigo Errejón, que aseguraba que esto es “seguir alimentando el bloque social rentista que después hostiga cualquier intento de avance en derechos”. “Gobernar tiene que ser una herramienta para democratizar los poderes que no pasan por las urnas. Si no, siempre serás inquilino en el Estado”, zanjaba el líder de Más País.
