La reducción de los tiempos de trabajo es una de las mayores apuestas del Gobierno de coalición para esta legislatura. La vicepresidente y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está decidida a reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales para mejorar la vida de los trabajadores, facilitar la conciliación familiar y aumentar el espacio de ocio y descanso. Un claro avance para los trabajadores, que ni siquiera pueden disfrutar de que se cumplan sus actuales derechos laborales, tal y como revelan los datos de actuaciones de la Inspección de Trabajo durante 2023.
El organismo dependiente de la cartera de Díaz interpuso en 2023 un 45% más de infracciones a empresas por incumplimiento de la normativo que en el año anterior. Los datos a los que ha podido acceder ElPlural.com exponen que la Inspección realizó un total de 35.501 actuaciones el pasado curso, un 9% más que en 2022, de las que emanaron 14.292 infracciones. Las empresas incumplidoras continúan machacando a sus trabajadores, unos 150.000 afectados, mientras defensores del neoliberalismo como Isabel Díaz Ayuso defienden a capa y espada el negocio que muchos hacen a costa de los derechos sus empleados.
La Inspección de Trabajo, que ha aumentado sus recursos económicos y de personal, no llega a cubrir todas estas infracciones, pero se ha provisto de herramientas tecnológicas para optimizar sus actuaciones. El algoritmo MAX facilita la caza de infractores al organismo, que ha interpuesto multas por valor de más de 15 millones de euros, además de emitir 9.226 requerimientos, lo que representa un 12% más de advertencias para la subsanación de irregularidades si estas no se han detectado con anterioridad.
Impago de millones de horas extra
El número de trabajadores afectados por los incumplimientos legales asciende hasta los 147.861. Cientos de miles de personas que han sido obligadas por sus jefes a alargar sus jornadas o realizar horas extra no retribuidas. En el último trimestre de 2023 se realizaron un total de 6,34 millones de horas extra a la semana, de las cuales el 40% fueron pagadas a los trabajadores, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Un claro incumplimiento de la legalidad que ahorra a los empresarios el equivalente a 158.500 empleados que deberían contratados para asumir la cantidad ingente de horas extra.
Precisamente por el impago y por la escasa remuneración de las horas extra, UGT ha denunciado a España ante el Comité de Derechos Sociales de la Unión Europea por incumplir el artículo 4 de la Carta Social Europea, que recoge el derecho a una elevación de la remuneración por estas horas. Cabe destacar que el propio Estatuto de los Trabajadores reza que “en ningún caso podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria”. Ante estas situaciones, existen mecanismos para reclamar el pago obligado de las horas extra realizadas.
¿Cómo reclamar las horas extra?
Antes de comenzar con el procedimiento es necesario conocer qué tiempo de trabajo se considera como extra. Según el Ministerio de Trabajo, “tendrán consideración de horas extraordinarias cada hora de trabajo que se realice sobre la duración máxima de la jornada ordinaria”. Además, su realización es “voluntaria”, salvo pacto individual o colectivo, y se prohíbe su realización durante el periodo nocturno, salvo contados casos. El máximo anual es de 80 horas. Tan solo puede considerarse como “obligatorias” estas horas en caso de que “vengan exigidas por la necesidad de prevenir o reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes”.
Cuando un trabajador se encuentre en una situación de impago, debe comprobar el registro de horas y, de ser posible, obtener una copia que puede utilizar como prueba. Correos electrónicos, llamadas telefónicas o mensajería vía aplicaciones también puede servir como prueba del desempeño de un trabajo fuera de jornada. Una vez recabadas las pruebas, debe exigirse a la empresa, vía escrita preferiblemente, el pago correspondiente a las horas adeudadas. En este punto, la empresa puede reconocer la falta de pago y abonar lo correspondiente al trabajador, zanjando el conflicto. De no hacerlo, el empleado tiene que conocer que tiene varias vías para denunciar la práctica:
- Acudir a la Inspección Provincial de Trabajo, donde deberá registrarse y dar parte, aunque posteriormente el funcionario que trámite la denuncia no informará a la empresa del nombre del denunciante.
- Utilizar el buzón contra el fraude laboral recomendado por la ministra de Trabajo, en el que se podrá denunciar vía internet y de forma anónima la situación.
- A través de los representantes sindicales. Si existe un sindicato en la empresa, es posible acudir a sus miembros legales para recibir asesoramiento legal. De no haberlo, se puede acudir a uno del sector empresarial en el que nos desarrollamos o uno de los grandes del país para recibir apoyo.
