El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa (CEDS) admitió a trámite en octubre de 2022 la reclamación que UGT interpuso en marzo del mismo año contra España por el coste del despido vigente. Más de un año después, la decisión ya ha sido tomada y será comunicada a lo largo de esta semana por el organismo afincado en Estrasburgo (Francia) a las dos partes. Las decisiones tomadas con anterioridad por el CEDS (Francia o Italia) y las conclusiones del informe referido al sistema español parecen haber decantado la balanza en favor de los trabajadores.
La actual legislación establece en 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades la indemnización por despido improcedente, después de que la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy la rebajase de los 45 días y el máximo de 42 mensualidades. La normativa vigente resulta “insuficiente” para el sindicato, que asegura que en España “sale barato” despedir injustificadamente, “independientemente del daño causado al trabajador”. La reclamación presentada por UGT busca cambiar esto y establecer una indemnización disuasoria que evite el uso del despido como recurso, acercando a España a la legislación europea.
Las organizaciones sindicales quieren recuperar la indemnización que ya tuvo vigencia en el país y, además, que se atienda a las características personales del trabajador despedido, tal que la edad, el género, la situación familiar o la falta de formación, de cara a realizar un cálculo correcto y ajustado a las damnificaciones causadas al despedir a una persona especialmente vulnerable sin motivo alguno. La Carta Social Europea, ratificada por nuestro país, apunta en este sentido y el último informe del CEDS señala a España por su incumplimiento.
UGT señala el incumplimiento del artículo 24 del texto y del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, tras la previsible decisión de Estrasburgo, el Gobierno deberá comenzar un proceso de modificación, encabezado por el ministerio de Trabajo. Yolanda Díaz tiene trabajo y, atendiendo a sus actuaciones anteriores, es de esperar que quiera reunir a los agentes sociales, incluyendo a las patronales, para abordar una reforma ante la que siempre se han posicionado contrarias las organizaciones empresariales.
El artículo 24 de la citada Carta establece “el derecho de todos los trabajadores a no ser despedidos sin que existan razones válidas para ello relacionadas con sus aptitudes o su conducta, o basadas en las necesidades de funcionamiento de la empresa, del establecimiento o del servicio”. De producirse de igual manera el fin de la relación laboral, se reconoce “el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”. Llegados a este punto, causa sonrojo escuchar argumentos que busquen justificar que la actual indemnización es “adecuada” o “apropiada”.
El acuerdo entre los agentes sociales parece inalcanzable. La patronal ha recuperado en todas las ocasiones que se ha debatido sobre el despido el discurso catastrofista. De igual manera que con la reducción de la jornada laboral a 40 horas o con cualquier subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), recuperar una indemnización digna para los trabajadores echados a la calle sin justificación destrozaría muchos empleos y acabaría con el tejido empresarial. Nunca se han cumplido estas previsiones calamitosas, pero voces empresariales y altavoces afines ya reproducen el discurso de que la mejora de un derecho de los trabajadores sería realmente, piruetas de por medio, peor para los propios empleados.
Pugna en el Gobierno
Desde UGT se muestran “optimistas” con la resolución después del tirón de orejas que el mismo organismo decisor dio hace una semana a España con motivo del coste del despido. A su vez, esta resolución podría ser también una victoria para Díaz que, pese a llevar años defendiendo la instauración de un “despido restaurativo” y de indemnizaciones ajustadas a aspectos personales, no ha conseguido avanzar en esta materia. La presión a la contra de la parte socialista del Ejecutivo, encabeza por Félix Bolaños desde el Ministerio de Justicia, es la explicación expuesta por UGT y la vicepresidenta segunda.
Es más, Díaz llegó a enviar una misiva al titular de Justicia en la que le instaba a no interferir en la decisión que debe tomar el Comité Europeo de Derechos Sociales sobre esta cuestión. Además, UGT pidió el cese inmediato del agente de España ante el mismo Comité por su "interferencia" en reclamaciones colectivas, como la del coste del despido. Al respecto, Bolaños negó que desde su departamento se hubiera realizado ninguna acción para interferir en la decisión sobre la demanda interpuesta por el sindicato.
