El día 8 de noviembre continúa marcado en el calendario como la fecha en el que bares y restaurantes de la Plaza Mayor de Madrid protagonizarán este martes un apagado simbólico de luces en señal de protesta ante la situación de "extrema" gravedad que atraviesa el sector debido a los altos precios de la energía, en especial electricidad y gas, que, por la actividad de los establecimientos se ven obligados a consumir.

"Este acto busca visibilizar la situación de vulnerabilidad e incertidumbre que están pasando estos sectores y poner encima de la mesa una serie de iniciativas para hacer frente al problema e intentar salvar empresas y empleos", apuntan desde Hostelería de España, organización convocante de la protesta. Desde la organización afirman que la idea es repetir la movilización cada martes a la misma hora “para que se pueda sumar toda la sociedad”.

El acto, previsto el martes sobre las 19:00, consistente en apagar las luces de los establecimientos y sustituirlos por velas, encontrará su réplica en distintas ciudades españolas como Granada, Córdoba, Ciudad Real, León, Murcia, Málaga, La Rioja, Alicante, Almería, Ávila, Sevilla, Lleida, Zaragoza, Teruel, Asturias, Lugo, Salamanca, Segovia, A Coruña, Huelva, Cádiz, Jaén o Cantabria.

No obstante, Hostelería España no se queda sola en su cruzada contra los elevados precios de la energía. Así, al manifiesto también se unen otras asociaciones como Hostelería Madrid, AMER, Marcas de Restauración, Madrid Foro, Madrid en Vivo, Noche Madrid, FACYRE, Hosteleros de Chamartín, Hosteleros de la Plaza Mayor, Hosteleros y comerciantes del Barrio de las Letras, Hosteleros de Avenida de Brasil, Hostelería de Malasaña y la Asociación de Empresas de Distribución de la Comunidad de Madrid (Aedisma).

Entre lo que proponen las organizaciones convocantes está el modificar el sistema de cálculo de tarifas, crear bonos eléctricos con los fondos no utilizados de las ayudas Covid, buscar fórmulas de contratación adaptadas, rebajar impuestos eléctricos y costes regulatorios, otorgar avales públicos para acceder a compras de suministros renovables o promover sistemas de compra agrupada.