El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo techo de gasto, o límite de gasto no financiero, en base a las perspectivas económicas del Gobierno, actualizadas por la vicepresidenta económica Nadia Calviño, que ha cifrado una caída del PIB del 11,2% para este año y una tasa de paro del 17%. Sin embargo, mejoran las perspectivas de crecimiento para 2021, con una mejora del PIB del 9,8%.
Ante esto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cifrado el techo de gasto total en los 196.097 millones de euros, en un primer paso para formalizar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021. Sin embargo, ha desglosado esta cantidad de la siguiente forma, explicando que este techo de gasto es “particular e inédito” y, por tanto, “no admite comparaciones con ejercicios pasados”.
La cantidad a comparar, según Montero, sería el límite de gasto homogéneo, situado en los 136.779 millones de euros, un 7,2% más que este año, como consecuencia de las mayores partidas para cubrir el Ingreso Mínimo Vital (IMV), las ayudas a la dependencia, el refuerzo del sistema educativo o la aportación a la Unión Europea.
El ‘segundo’ techo de gasto incluiría las transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas y a la Seguridad Social, por un valor de 31.882 millones más para paliar el déficit de ambas administraciones, por lo que la cifra asciende a los 168.661 millones de euros, un 32,2% más que este año. Estas transferencias son "imprescindibles" para el saneamiento de las cuentas públicas de las administraciones, según la ministra.
En concreto, el Gobierno ha anunciado la aprobación de dos transferencias, que se incluirán en los futuros Presupuestos, de 18.396 millones a la Seguridad Social y de 13.486 millones a las comunidades autónomas, destinadas a paliar el déficit por la crisis del coronavirus.
El techo de gasto incluye la aportación de España a los fondos europeos
Estos techos de gasto terminan con el límite total, que incluye la aportación de España a los fondos europeos, por un total de 196.097 millones, un 53,7% más. En este caso se incluye el primer pago de 27.436 millones, del total de 59.668 millones de euros, en transferencias al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y al programa React EU.
“Los fondos europeos incrementan el techo de gasto, pero no tienen reflejo en el déficit público porque se reconocen como ingresos. Lo tendrán en la deuda ya que la no anticipación de la totalidad de los fondos europeos obliga al endeudamiento temporal tras la certificación de los diferentes hitos del plan de recuperación”, ha explicado Montero.
La ministra ha reconocido que el techo de gasto crece de forma “notable” para cumplir con la recuperación y contribuir al crecimiento económico y a las previsiones de empleo, especialmente de los jóvenes, combatir la desigualdad y continuar en la senda con los países europeos para tener una posición competitiva en una “pandemia sin precedentes”.
“Es un antes y un después en la configuración del modelo productivo, del tejido social en el conjunto de España y permitirá abordar de forma intensa las principales transformaciones que necesita nuestro país para conseguir las cotas de bienestar que el Gobierno progresista quiere conseguir a lo largo de la legislatura”, asegura la ministra de Hacienda.
Suspensión de la senda de consolidación fiscal
Por otro lado, Montero ha explicado la aplicación de la salvaguarda del Pacto de Estabilidad de crecimiento en 2020 y 2021, por el que la Unión Europea permite que los Estados miembros suspendan su senda de consolidación fiscal, establecida antes de la crisis. Así, el Consejo de Ministros ha aprobado la suspensión de las reglas fiscales para 2020 y 2021 y deroga la senda de estabilidad vigente. “Se trata de una medida extraordinaria, recomendada por las instituciones internacionales. El FMI lo valoró muy positivamente”, ha recalcado Montero.
Precisamente el artículo 135.4 de la Constitución Española y el artículo 13.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria permiten la suspensión de los límites de déficit y de deuda en casos de catástrofes naturales, pandemias o situaciones que “perjudiquen de forma sensible la situación financiera o sostenibilidad económica o social del Estado”, tal y como ha explicado Montero.
Ante esto, ha anunciado que se someterá en el Congreso de los Diputados la valoración de que se dan estas circunstancias excepcionales en España para poder aplicar ambos artículos. “Es una obviedad, pero para mayor seguridad jurídica estimamos conveniente que se vuelva a valorar en el Congreso”, ha matizado la responsable de Hacienda que asegura que “estar convencidos de que el Congreso vaya a respaldar esta idea”.
Además, ha matizado que “el hecho de que el techo de gasto no esté acompañado de una senda de estabilidad no significa en ningún caso que este Gobierno renuncie al principio de estabilidad presupuestaria”. “Se suspenden las reglas fiscales, pero no se suspende la responsabilidad fiscal del Gobierno ni de las Administraciones Públicas. Tampoco se suspende el principio de prudencia a la hora de realizar los presupuestos y estimar la evolución de ingresos y gastos”, ha explicado la ministra.
Un 11,3% de déficit para el 2020
Por eso, el Gobierno ha fijado una tasa de déficit de referencia, que servirá de orientación y guía a las administraciones. Así, en 2020 sitúan la tasa de déficit en el 11,3% del PIB, ligeramente superior al 10,3% establecido en el plan de estabilidad, por el “impacto más intenso de la primera oleada y de los rebrotes de la segunda oleada”, según Montero.
Para 2021, prevé un déficit del 7,7%, es decir, un 3,6% menos que este año, experimentando “una de las mayores reducciones del déficit jamás registradas en nuestro país”, según las previsiones. De hecho, la intención del Gobierno es “empezar desde el año 2021 a reducir el déficit de forma muy clara”. Sin embargo, la responsable ha querido explicar que “no se va a realizar con recortes ni con desigualdad, hablamos de una reducción compatible con una política que mejora el Estado del Bienestar”.
En aras de lograr este objetivo, la ministra ha anunciado que será el Gobierno central quien asuma la mayor parte del coste de las medidas y los recursos necesarios para las comunidades autónomas. Por ese motivo, desglosa el déficit del 7,7% previsto para 2021 de forma que el Estado abordará la mayor parte, mientras reduce el de las comunidades autónomas y la Seguridad Social a través de las transferencias ya explicadas.
Es decir, en un principio el déficit del Estado se situaría en el 2,4%; el de las comunidades autónomas en el 2,2%; el de la Seguridad Social en el 3% y el de las corporaciones locales en el 0,1%. Para ayudar a las administraciones más perjudicadas, el Gobierno ha aprobado una transferencia de 18.396 millones para la Seguridad Social y de 13.486 millones para las comunidades, para que las finanzas públicas “sufran el menor deterioro posible por la pandemia y la recesión económica”, justifica Montero, además de asegurar “la sostenibilidad del sistema de pensiones”.
Así, los déficits de referencia quedan de la siguiente manera: el Estado contará con un déficit del 5,2%; las comunidades autónomas del 1,1%; la Seguridad Social del 1,3% y las corporaciones locales del 0,1%. Además, las entidades locales podrán hacer uso de sus remanentes en 2020 y 2021 para frenar el impacto de la pandemia, tal y como ya había anunciado Hacienda hace unas semanas.
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley orgánica de la ley antidopaje, ha dado luz verde a la hoja de ruta del hidrógeno, ha aprobado una subvención a la FEMP de 750.000 euros para actuaciones por la Memoria Democrática y ha presentado una declaración institucional contra la pena capital.