Carlos Redondo, subdirector general de Energía Eléctrica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha anunciado este martes durante la presentación del informe La digitalización de las redes eléctricas de distribución en España, que el Gobierno presentará en las próximas semanas un Real Decreto para asignar fondos europeos para impulsar las inversiones en la digitalización del sistema energético.
Una de las tesis que defiende el estudio es que la digitalización de las redes eléctricas en España es "insuficiente" para contribuir a la descarbonización del sistema energético. De hecho, el documento pone de manifiesto que España es uno de los países "mejor posicionados en Europa" en cuanto a la instalación de contadores inteligentes, pero matiza que la digitalización de las redes es no es suficiente para integrar los nuevos recursos. Además, incide en que empresas distribuidoras y consumidores se impliquen en este proceso de transformación para contribuir a la descarbonización. "Prácticamente la totalidad de los consumidores domésticos suministrados por una distribuidora de más de 100.000 clientes ya disponen de un contador inteligente en España".
El estudio también destaca las diferencias entre las zonas rurales y urbanas: en las primeras, la conectividad puede ser escasa, en las urbanas, "la red de distribución suele estar soterrada", lo cual dificulta la cobertura inalámbrica. Es por ello que Gómez incide en que "la digitalización requiere trabajadores con nuevos conocimientos y habilidades. Es necesaria una formación especializada en todos los niveles educativos y formación continua para adaptarse a los cambios".
Ciberseguridad
En los úñtimos meses, España ha sido uno de los objetivos para los ciberdelincuentes, que han conseguido penetrar en la administración del Estado, por ejemplo en el SEPE, y atacado varios hospitales del territorio. En este sentido, Gómez insiste en que "aún queda camino por recorrer" para establecer los mecanismos que permitan a las distribuidoras y a los reguladores evaluar de forma adecuada los riesgos asociados. No obstante, el principal hándicap se encuentra en el coste de los servicios, ya que en muchas ocasiones las empresas de distribución han de valorar el despliegue de tecnologías o soluciones que aún están en desarrollo y que pueden tener una obsolescencia temprana una vez realizada la inversión.
