El Gobierno parece haber frenado, por el momento, el debate sobre el nuevo modelo de autovías. En concreto, sobre el modelo que pretendía adoptar para el cobro por el uso de unas carreteras que hasta hora son gratuitas. Desde El País aseguran que se debe a la impopularidad de la medida y la falta de consenso político, no solo con la oposición sino también con los propios socios de Gobierno.

ElPlural.com se ha puesto en contacto con el departamento, que asegura que mantiene el compromiso de presentar una propuesta con "el máximo consenso posible y que responda a criterios de sostenibilidad y cohesión social", tal y como recoge la Estrategia de Movilidad aprobada por el Ministerio. 

El medio asegura que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha aplazado la presentación del proyecto, y no vería la luz hasta la próxima legislatura. Sin embargo, el texto de compromiso remitido a Bruselas plantea que el modelo sebe estar diseñado antes del 30 de junio de 2022 para aprobarse y estar en el BOE antes del 31 de diciembre de 2023.

Una vez más, los plazos comprometidos con Bruselas para la dotación de los fondos europeos marcan la gestión de las medidas. En este caso, está previsto que el nuevo plan de autovías vaya incluido en las conclusiones del comité de expertos diseñado por Hacienda para la reforma fiscal. Sin embargo, la legislatura actual de PSOE y Unidas Podemos terminaría en noviembre de 2023, por lo que las autovías de pago podrían no llegar en este periodo.

Uno de los motivos de este aplazamiento parecer ser la amenaza de paro patronal del transporte de mercancías por carretera para estas fechas, con la petición de estar eximidos del pago de estos peajes para los profesionales.

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Como ya es conocido por todos, los transportistas llegaron a un acuerdo con el Gobierno para desconvocar los paros, previstos para los días anteriores a Navidad. Según la información del citado medio, el acuerdo llegó tras la decisión de que los profesionales no tengan que pagar por circular por las autovías españolas, sino que será un importe cargado a las empresas contratistas de la carga.

Uno de los puntos más polémicos de la medida, y también uno de los que más justifica su uso, es precisamente el pago de peajes por parte de los camioneros europeos. Las críticas pasan por la discriminación que sufren los camioneros españoles, que tienen que pagar sus peajes al viajar por la mayoría de países de la Unión Europea, pero no lo hacen sus homólogos europeos, ya que en España las autovías son gratuitas.

La imposición de peajes en las carreteras españolas acercaría la realidad entre los transportistas europeos, con todos sus usuarios contribuyendo al mantenimiento del servicio. Pero la Unión Europea es muy clara con esto: prohíbe la discriminación, ya sea a ciudadanos o empresas, en función de su nacionalidad. En otras palabras, si se establecen peajes en las carreteras españolas, deben pagarlos todos, ya sean nacionales o europeos.

El País avanza que previsiblemente no será un pago por uso como tal, sino que se gestionará a través de la viñeta. Es decir, el conductor tendrá que pagar una cantidad fija y así, poder circular por las autovías durante un tiempo concreto, ya sea una semana, un mes o un año, independientemente de los kilómetros recorridos.

En cifras, la viñeta afectaría en España a 25 millones de turismos, 5 millones de furgonetas y camiones y 1,8 millones de motocicletas. Una medida que ya está implantada en algunos países europeos y que va desde los 49 a los 130 euros anuales, según los diferentes Estados miembros. Por el momento, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no ha presentado ninguna propuesta concreta.