Julio es el mes marcado en el calendario para el comienzo de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Previamente, el Gobierno presenta el límite de gasto no financiero del Estado, conocido como techo de gasto. El actual Ejecutivo en funciones aún no ha iniciado el proceso y, como han confirmado fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha renunciado a la presentación del techo de gasto, decisión que otorgan al próximo Gabinete. El calendario parece evidenciar que no habrá cuentas nuevas para el próximo año, lo que obligaría a prorrogar las de 2023, pero desde Hacienda no renuncian.
“La voluntad del Gobierno es poder aprobar los PGE en tiempo y forma para que entren en vigor el 31 de diciembre”, ha trasladado María Jesús Montero, titular de la cartera de Hacienda en funciones y encargada de las cuentas del Gobierno de coalición. “Es evidente que el calendario lo puede retrasar”, ha reconocido, recalcando que esto no tiene porque suponer un impedimento, dado que tan solo significaría “un retraso respecto a su aprobación”. Lo cierto es que los tiempos están muy ajustados y, aunque la ministra asegura que las negociaciones y trabajos ya han comenzado, parece imposible obtener la luz verde antes de la fecha límite, el 31 de diciembre.
“Venimos intentando hacer todo el trabajo previo, que consiste fundamentalmente en determinar el perímetro donde se tienen que desarrollar esas cuentas públicas, en los trabajos con Bruselas y en el interior del Gobierno con las previsiones macroeconómicas”, ha revelado Montero. La pretensión es continuar trabajando en las cuentas para que, “en el momento que este constituida la investidura y designado el Gobierno, se pueda impulsar ese proyecto”. La mayoría de informaciones apuntan ya a un prórroga de los que fueron bautizados por el propio Ejecutivo de coalición como los Presupuestos más sociales de la historia.
La instrucción del presidente es trabajar en el proyecto de Presupuestos
“No obstante, todavía es prematura decir que se renuncia a este proyecto, todo lo contrario”, traslada Montero, relevando que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado la orden de que se avance en su definición. “La instrucción del presidente es trabajar en el proyecto y en ello estamos”, ha garantizado. Los PGE se han prorrogado en ocho ocasiones desde la llegada de la democracia; sin embargo, en esta ocasión podría suponer una mayor necesidad la definición de unas nuevas cuentas de cara a negociar con los partidos independentistas, necesarios aritméticamente para la investidura de Sánchez, una posible reedición del Gobierno progresista.
Destinar partidas con rumbo a País Vasco o Cataluña es una práctica habitual que han realizado los Gobierno de todo signo político para garantizarse el apoyo de los diferentes partidos independentistas. La vía son los PGE y no contar con unos nuevos para 2024 significaría detonar una senda de negociación entre los partidos del actual Ejecutivo y los nacionalistas. Entre las filas gubernamentales aún existe confianza, pero ni siquiera la definición exprés de unas cuentas, el aunamiento de apoyos de todas las fuerzas necesarias y la aprobación en tiempo y forma serían suficientes.
El veto del PP
A pesar de que el PSOE y Sumar consiguiesen una hazaña que parece imposible, el desembargo de los PGE en el Senado podría borrar el trabajo de meses. Para poder sacar adelante las cuentas es necesario contar con el apoyo mayoritario de ambas Cámaras. Así lo establece la ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada por Cristóbal Montoro en 2012. Esta situación es anómala, pues en casi la totalidad de leyes es posible levantar un posible veto de la Cámara Alta, cuyo mayor perjuicio es dilatar los tiempos, en el Congreso. Desde la celebración de las elecciones generales del 23 de julio, el Senado está controlado por la mayoría absoluta del PP, que podría vetar las cuentas.
“El acuerdo del Consejo de Ministros en el que se contengan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública se remitirá a las Cortes Generales acompañado de las recomendaciones y del informe a los que se refieren los apartados 4 y 5 de este artículo. En forma sucesiva y tras el correspondiente debate en Pleno, el Congreso de los Diputados y el Senado se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos propuestos por el Gobierno”, reza el artículo 16.5 de la ley. El Senado, presidido ya por el popular Pedro Rollán, se compone de 266 senadores, 208 electos y 57 de designación autonómica, lo que sitúa la mayoría absoluta en los 134, sobrepasada holgadamente por los populares.
De constatarse, sería la primera prórroga de unos Presupuestos propios que acometería el Gobierno de coalición. Obligados por la repetición electoral de noviembre de 2019, el Ejecutivo se vio obligado a prorrogar las cuentas de 2018, que ya fueron replicados en 2019, al año de la pandemia. Superados estos trámites, el Ejecutivo consiguió aprobar, no sin atravesar muchas dificultades y presiones, los PGE de 2021, 2022 y 2023. Los últimos contemplan la mayor partida para gasto social de la historia (266.719 millones de euros), serían los prorrogados.
