La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha matizado que el Gobierno no multará “inmediatamente” a aquellos establecimientos privados o instituciones que no apliquen el plan de ahorro y eficiencia energética a partir de este miércoles 9 de agosto a las 00 horas de la noche. En esta línea, ha explicado en una entrevista en Hoy por Hoy (Cadena SER) que habrá un “apercibimiento previo”, así como preguntas acerca de “por qué no se están cumpliendo”.
“Lo que importa no es sancionar”, ha reiterado en varias ocasiones la vicepresidenta tercera y responsable energética durante la entrevista de este martes con José Luis Sastre. Es decir, el objetivo de la medida, según Ribera, es “hacer un esfuerzo colectivo”. “No se trata de una aplicación inmediata, se trata de buscar que se ejerzan las competencias y que las comunidades que están llamadas a ahorrar energía puedan hacerlo y puedan cumplir con la norma”, defiende.
“Tenemos que darnos un margen. Tenemos que estar todos vigilantes y reforzar la idea de que las normas están para cumplirlas, pero no creo que nadie vaya a imponer multas inmediatamente, sino al revés. Tendrá que haber un apercibimiento previo y una pregunta de que por qué no se están cumpliendo”, ha explicado la ministra ante la negativa de la Comunidad de Madrid de poner en marcha el plan esta noche y la petición de la retirada del Real Decreto Ley de otras regiones del Partido Popular.
Papel del Tribunal Constitucional
No se multará “inmediatamente” pero sí se plantean medidas si el incumplimiento se mantiene en el tiempo, tal y como ha advertido Ribera. “Si pasa un tiempo y aquí no pasa nada es otra cosa”, ha recalcado. En el caso de que las comunidades autónomas como Madrid no cumplan con el plan, el Ejecutivo recurriría a la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en la que se regulan los conflictos entre competencias de las diferentes administraciones.
La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece desde el artículo 68 en adelante los supuestos en los que ocurriría un conflicto negativo entre competencias administrativas. Ante esto, la ministra ha explicado que, en primer lugar, la administración que no asuma la competencia puede ser apercibida por la otra administración. En este caso se refiere a la Comunidad de Madrid y al Gobierno central. De no cumplir la ley tras el apercibimiento, podría incurrir incluso en un conflicto en el Tribunal Constitucional, que en este caso pasaría a tratarse por los servicios jurídicos.
"Si mañana hay un problema serio nos pondríamos en contacto inmediatamente"
Pero, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para entender el incumplimiento de las medidas? La ministra no ha especificado el periodo que tendría que transcurrir para recurrir a un apercibimiento o multa pero sí alerta que podría actuar en cualquier momento. “Si pasan los días y no está ocurriendo o mañana (miércoles 9 de agosto) hay un problema serio porque no se está aplicando, nos pondríamos en contacto inmediatamente con la comunidad autónoma, no esperaríamos meses o semanas”, ha advertido.
Por otro lado, la ministra ha asegurado que el plan de ahorro y eficiencia energética no invade las competencias de las comunidades autónomas, sino que solo “adapta la normativa básica”, con la legislación ya vigente recogida en varias normas. La más antigua de estas normas corresponde a 1997, con la ley de prevención de riesgos laborales, que incide en la temperatura a la que debe mantenerse el puesto de trabajo, entre los 14 y los 25 grados en el caso de trabajos en movimiento, frente al rango de 19-27 grados para los trabajos sedentarios. Un límite ratificado después en 2009, con la normativa de climatización. No obstante, la ministra ha reiterado que, para asegurar el cumplimiento de la temperatura, “suele haber un delegado de prevención de riesgos laborales o una consulta a la Inspección de Trabajo”.
Ribrea ha respondido así a las críticas de los sectores más preocupados, como la hostelería, y asegura que las excepciones para “proteger alimentos o determinados procesos” están recogidas en el Real Decreto Ley con detalle. No obstante, recalca el apoyo al pequeño comercio y asegura que es un proceso que corresponde también a las comunidades autónomas. “Vamos a hacer todos un esfuerzo”, ha prometido.
“Es importante aplicar este decreto. Hay que confiar en los ciudadanos españoles. Creo que son conscientes y no hay una voluntad de insumisión generalizada” -defiende la vicepresidenta energética- “Es lo que hemos recibido de las reuniones con las distintas patronales”. Asimismo, confía en el cumplimiento de los gobiernos comunitarios, incluido el de la Comunidad de Madrid: “Cualquier gobierno responsable sabe que las normas están para aplicarlas y se evitará la insumisión”.
