La indemnización por despido improcedente fue uno de los pocos aspectos que no modificó la nueva reforma laboral. A petición de la patronal, y para conseguir un acuerdo con todos los agentes sociales que diese impulso a la ley, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aceptó durante las negociaciones no modificar la indemnización por despido que el Gobierno de Mariano Rajoy redujo de 45 a 33 días por año trabajado. Sin embargo, la también vicepresidenta ha anunciado ahora que el Gobierno trabajará “pronto” para solventar el retroceso de derechos que esta modificación supone. "No es caro", sino que, de hecho, "es demasiado barato", ha sentenciado en la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles. 

La reforma laboral de 2012 aprobada por el Partido Popular supuso un gran perjuicio para los trabajadores. Uno de los aspectos más negativos, no recuperado aún, fue la sustitución de los 45 días de salario por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades, en concepto de indemnización por despido improcedente, por los 33 días con un tope de 24 mensualidades. Este límite se mantiene en la actualidad y coloca a España a la cola de Europa en este sentido. España es “de los pocos países” europeos en los que las indemnizaciones están “topadas”, ha señalado Díaz desde el Congreso de los Diputados.

“La reforma laboral de 2021 ha sido un arma letal contra la precariedad. Ese camino de tolerancia cero es el que debemos seguir transitando”, ha señalado la ministra como justificación para abordar, ahora sí, el despido. "Les sale a cuenta despedir (a los empresarios)", ha añadido en referencia al abaratamiento que supone los 33 días. La demanda presentada por UGT ante el Comité Europeo de Derechos Sociales y Económicos por el bajo coste del despido en España, que se ha resuelto en el caso de otros países en favor de los trabajadores, facilita las cosas a Díaz, que ha asegurado que cumplirá con lo que resuelva el Comité. "Pronto será turno de España", ha anunciado.

Otros países, como es el caso de Francia, ya se han visto obligados a recular en decisiones similares. En su momento, como ha recordado la titular de Trabajo desde la tribuna de la Cámara Baja, el Ejecutivo galo “copió” la fórmula de despido de Rajoy, pero rápidamente tuvo que rectificar la situación tras una resolución del Comité de Derechos Sociales y Económicos, que aseguraba que la legislación laboral del país vecino incumplía el artículo 24 de la Carta Social Europea. "Francia lo ha tenido que corregir y somos una anomalía en el conjunto mayoritario europeo", ha denunciado Díaz.

“Si los poderes públicos no aseguráramos indemnizaciones compensatorias y disuasorias en realidad lo que estaríamos haciendo es subvencionar el despido y la factura la paga toda la sociedad. En prestaciones, en salud mental, la precariedad de las empresas de baja calidad”, ha argumentado Díaz. De producirse el estudio y la modificación de estos aspectos, la vicepresidenta cumpliría con la resolución del cabo que dejó suelto la reforma laboral y que los sindicatos han exigido, en reiteradas ocasiones, solucionar.