El Gobierno introducirá una enmienda en la ley de Ordenación de los Transportes Terrestres que introducirá fuertes restricciones a la actividad de los VTC, que explotan empresas como Cabify o Uber, en contra de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La decisión del Ministerio que dirige José Luis Ábalos llega después de que algunas comunidades autónomas, como Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña, País Vasco o Aragón, aprobaran normativas que afectan en gran medida el negocio de esas compañías.

Los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos van a introducir la enmienda que afecta a los VTC en la modificación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), en materia de infracciones para luchar contra la morosidad en el ámbito del transporte de mercancías por carretera, que se va a tramitar en el Senado, según adelanta El País.

El proyecto de ley, que será de obligado cumplimiento en toda España, dará amparo a las regulaciones de las diferentes comunidades autónomas, sobre aspectos como el tiempo mínimo de precontratación, limitaciones a la circulación, salidas desde garaje antes de cada viaje, obligación de llevar un registro y una hoja de ruta de cada trayecto, entre otras.

Las sanciones a las que se enfrentarán los VTC

La enmienda socialista añade un apartado 39 al artículo 140 de la Ordenación de los Transportes Terrestres para considerar infracción muy grave “el inicio de un servicio en un ámbito territorial distinto de aquel en que resulte obligatorio hacerlo o el incumplimiento de las limitaciones que definen la prestación habitual del servicio en el territorio en que se encuentre domiciliada la autorización en que se amparan”, según dice el texto.

La ley permitirá sancionar también el inicio de un servicio y la recogida de clientes por parte del VTC sin que los clientes hayan efectuado la precontratación, aunque no se precisa cuál será el tiempo mínimo, de forma que serán las comunidades autónomas las que lo regulen. Cataluña tiene establecido un tiempo mínimo de 15 minutos entre que el cliente pulsa el botón de llamada en su app hasta que se sube al vehículo. El Ayuntamiento de Valenciaha aprobado una ordenanza que incluye el establecimiento de un mínimo de una hora.

La emienda del PSOE también considera infracción grave que el VTC circule en búsqueda de clientes que no hayan contratado ni solicitado previamente el servicio por la app o la prestación de un servicio sin que el titular de la autorización haya comunicado, por vía electrónica, los datos relativos a éste exigidos por la legislación vigente.

El Gobierno también establecerá sancionar el incumplimiento de las condiciones legales o reglamentariamente establecidas en relación con el itinerario del servicio, los horarios y calendarios de prestación del servicio y las características técnicas o la adecuada señalización del vehículo, o que éste no lleve a bordo la documentación exigible y la hoja de ruta del servicio.

17.155 licencias de VTC fente a 64.000 taxis

En la actualidad hay registradas 17.155 licencias de VTC y durante los seis primeros meses de 2021 aumentaron en 364, un 50% más que en todo el año 2020, cuando solo se añadieron 241 licencias debido al parón por la pandemia del coronavirus.

Frente a éstas, existen 64.000 licencias de taxi, aunque su concesión por los ayuntamientos está parada desde hace décadas, con el consiguiente mercado negro de venta de las mismas.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha posicionado en varias ocasiones contra las restricciones a los VTC, que ha llegado a recurrir en los tribunales, especialmente la limitación de licencias  (actualmente 30 de taxi por cada una de VTC), la obligación de contratación previa del servicio y la prohibición de competir de forma directa en la vía pública.