Este viernes han trascendido informaciones que apuntan a que el Gobierno ha tomado la decisión de no prolongar la gran mayoría de ayudas contempladas en los diferentes paquetes de medidas anticrisis. Muchas son las medidas aprobadas, desde la gratuidad del transporte, hasta el abaratamiento de la luz. La gran mayoría de ellas tienen vigencia hasta el 31 de diciembre y Bruselas aprieta para su retirada; sin embargo, fuentes del Ministerio de Economía trasladan a ElPlural.com que todavía no se ha tomado la decisión sobre cuáles se prorrogarán y cuáles no.
“Desmentimos las informaciones publicadas”, trasladan fuentes de la cartera liderada por Nadia Calviño a este periódico en relación con la noticia publicada por ElPaís. El Ejecutivo se mantiene en funciones y espera con ansia que fracase la investidura de Alberto Núñez Feijóo para poder comenzar a atar la nueva investidura de Pedro Sánchez. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, confía que tener tiempo a redactar los Presupuestos Generales del Estado del próximo año y Calviño asegura que todavía no hay nada decidido. “Próximamente empezaremos a elaborar el Plan Presupuestario”, revelan desde Asuntos Económicos, que garantizan que “no hay decisiones tomadas”.
En el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas se reflejaba el compromiso de ir retornando a la normalidad progresivamente, retirando las ayudas excepcionales aprobadas como respuesta a la pandemia de la Covid-19, primero, y a la crisis energética e inflacionaria, después. El objetivo final es mantener la senda descendente del déficit y la deuda pública, que continúa cumpliendo y adelantando sus objetivos. Además, a este compromiso se suma los mensajes de la Comisión Europea, que ha instado ya en varias ocasiones a los Estados a retirar “gradualmente” los paquetes de ayudas y aplicar medidas fiscales “prudentes”.
El debate de las nuevas reglas fiscales está instalado en Europa y España está teniendo un papel importante. La pretensión de Bruselas es reducir los elevados gastos públicos de los Estados, justificados como respuesta a las crisis, ahora que la situación parece normalizada. “Los Estados miembros deben aplicar políticas fiscales prudentes que apoyen el crecimiento a través de la inversión y deben priorizar la implementación exitosa de los Planes nacionales de Recuperación y Resiliencia”, señalaba Paolo Gentiloni, comisario de Economía, antes del verano.
No obstante, una nueva subida del precio del petróleo amenaza con volver a dinamitar los precios energéticos. El principal problema es que el encarecimiento de los carburantes se traslada a todos los niveles y sectores económicos, al afectar a todo bien o servicio que requiera de transporte. El precio del barril de petróleo se aproxima ya a los 100 dólares y desde el sector advierten que se llegará a los dos euros por litro en las gasolineras próximamente.
El Banco de España ya ha advertido que la inflación podría subir a consecuencia de estos vaivenes provocados por Arabia Saudí y Rusia. Según el organismo, la inflación cerrara el año en el 3,6%, cifra cuatro décimas más alta que la pronosticada anteriormente, por “el repunte experimentado por los precios del petróleo durante el verano. De cara a 2024 espera un leve repunte, hasta el 4,3%, “como consecuencia del repunte en la contribución del componente energético”. Con esta tesitura, el Gobierno duda sobre qué hacer con las ayudas destinadas a abordar el tensionamiento energético.
Los partidos a la izquierda del PSOE exigen mantenerlas
Las medidas para aliviar los efectos de la ampliación son una de las exigencias de Sumar y Podemos de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Aunque insisten en la discreción en las conversaciones que mantienen con el PSOE, el pasado dos de agosto, los de Yolanda Díaz comenzaban a hablar de sus propuestas para lograr una investidura. No va a ser un cheque en blanco y los problemas derivados de la inflación de los precios de los alimentos y el encarecimiento de las hipotecas son temas centrales.
Sumar plantea entre sus exigencias rescatar la iniciativa de Díaz, que puso sobre la mesa en septiembre de 2022, de crear una cesta de la compra rebajada. También se deduce que el control de las hipotecas será esencial teniendo en cuenta las constantes críticas que Sumar ha realizado a la subidas de tipos del Banco Central Europeo. El más explícito en cuanto a lo que plantean a los socialistas ha sido Podemos, que ha trasladado un documento a los de Sánchez detallando concretamente las medidas. Por ejemplo, en cuanto a transporte, insiste en ampliar del 50% al 80% el descuento en abonos de transporte y títulos multiviaje.
Entre otras medidas se encuentra el controlar el precio de los alimentos y establecer "sanciones ejemplarizantes" a las empresas que "aumenten de forma injustificada sus márgenes de beneficio en productos con el IVA reducido", convertir en remunerado el permiso de ocho semanas y que pueda disfrutarse hasta que el hijo cumpla los ocho años, congelar el precio de todos los contratos de alquiler y hacerlo durante toda la legislatura, aumentar un 20% las pensiones mínimas y no contributivas y aumentar el SMI al menos a 1.500 euros.
