Esta semana se ha dado a conocer que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se encuentra enfrascada en toda una negociación, para lavar la cara a la firma de reparto a domicilio. El acuerdo que ha sido anunciado estos días se basa en la posibilidad de que Glovo, la compañía sancionada con más de 205 millones de euros por no respetar los derechos de sus trabajadores, distribuya comida de manera gratuita a las personas vulnerables de la capital.

Si bien este acuerdo no conlleva una contraprestación económica a favor de la compañía, sí supone toda una estrategia para mejorar la imagen reputacional de Glovo, una empresa que se encuentra en el ojo de mira tras la Inspección de Trabajo que descubrió que se empleaban falsos autónomos y trabajadores sin permiso de trabajo. Además, a finales del mes de enero la firma de reparto a domicilio anunció el despido de 250 trabajadores, es decir, el 6,5% de su plantilla, que en total se constituye por aproximadamente 4.000 personas. La dirección de la empresa expuso que esta decisión era "necesaria" por la actual “evolución del mercado”.

Por lo tanto, lo que a priori podría ser una acción desinteresada hacia los más vulnerables, realmente constituye un rebranding para la firma que acumula más de 7.000 faltas de alta de trabajadores en la Seguridad Social y más de 800 trabajadores sin permiso de trabajo, entre los que se encuentran personas extranjeras trabajando de forma irregular y totalmente desprotegidas ante la ley.

La consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, se convertía el jueves de esta semana, día que se dio a conocer el acuerdo, una suerte de embajadora para Glovo, anunciando que la firma facilitará “la entrega de comida a domicilio a usuarios de los comedores sociales con movilidad reducida o problemas de salud”, al tiempo que decía no entender las críticas de la oposición.

Emilio Delgado, diputado de Más Madrid, era tajante: “No compartimos este modelo low cost y apostamos por empresas y entidades madrileñas que respetan la legalidad vigente y los derechos laborales”. Por su parte, Llanos Castellanos, número dos de la candidatura socialista, lamentaba que “habiendo tantos empresarios serios en la Comunidad de Madrid, tanta gente con negocios que podrían estar accediendo a contratar con la Administración, se haya elegido a una multinacional que si se caracteriza por algo es por maltratar a sus trabajadores".

Una desigualdad “a la madrileña”

Por otro lado, la polémica respecto a las conductas más que dudosas de Glovo con sus trabajadores, apartan la mirada del aspecto fundamental de la cuestión: los más desfavorecidos. Todavía resuenan las palabras de la presidenta de la capital que, haciendo gala de su gestión de cara a las últimas elecciones, se refirió a las personas vulnerables como “los mantenidos subvencionados que (el Gobierno central) crea, como las colas del hambre para que la gente dependa de ellos”. Era antes de su victoria arrasadora cuando reivindicaba su modelo político y su visión de vida “en Madrid después de un día sufriendo nos podemos ir a una terraza a tomarnos una cerveza y vernos con los nuestros”. Esa es la cultura “a la madrileña” que defendía a capa y espada la actual presidenta.

Sin embargo, tan solo un año más tarde de su victoria absoluta de Ayuso en las elecciones autonómicas, se conocían los datos que reflejaban que Madrid se había convertido en la comunidad con mayor desigualdad. La ausencia de Impuesto sobre el Patrimonio, las exenciones en el Impuesto de Sucesiones y las rebajas de tipos en la tarifa autonómica del IRPF han desembocado en un Madrid dividido en dos: el rico y el pobre.

Además, en términos presupuestarios regionales, la partida de lucha contra la exclusión se redujo de 2020 a 2021, en 82 millones de euros, y de 2021 a 2022, dibujándose 100 millones de euros menos en el presupuesto en programas específicos contra la pobreza. No sorprende entonces que, en noviembre de 2022, se revelase que el 10% de la población madrileña más rica ingresa 2,18 veces lo que obtiene el 40% de la población con las rentas más bajas, muy por encima de la media nacional, según datos de la Agencia Tributaria.

Así, el “sufrir y pelear” por una vida a la “madrileña” parece ir acompañado de una distribución de recursos que no benefician a los “mantenidos subvencionados” sino que apuestan por rebajar los impuestos al Madrid rico, al tiempo que se facilita comida al Madrid pobre mediante multinacionales sancionadas. El mantra “de Madrid al cielo”, entonado por Mario Vaquerizo en la última campaña institucional de la capital, da la impresión de quedar reservado solo para la parte privilegiada de la ciudad.