El polémico acuerdo de la Comunidad de Madrid con la empresa de delivery Glovo continúa su escalada. Después de que el equipo de Isabel Díaz Ayuso haya anunciado la cesión del reparto de comida a domicilio a las personas en riesgo de vulnerabilidad de la región las sospechas sobre la ilegalidad del proceso han aumentado, y es que la normativa impide contratar a empresas con sentencias firmas por incumplimiento de la ley. Esta multinacional ya acumula más de 200 millones de euros por irregularidades laborales. "Tiene sanciones firmes", critica el PSOE-M.

Ayuso ficha a Glovo

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado este jueves que va a poner en manos de Glovo el reparto de comida a domicilio a personas vulnerables. Así lo ha explicado durante un agitado pleno de la Asamblea regional la consejera autonómica de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, quien ha asegurado que este envío irá destinado únicamente a aquellos que no pueden recoger la comida por problemas de salud o por movilidad reducida. Una situación que afecta a miles de personas en la comunidad.

Dancausa, además, ha afirmado en su comparecencia que se trata de un convenio y no un contrato al uso, por lo que "no tiene ningún tipo de contraprestación económica". "Hoy la oposición critica que Glovo facilite la entrega de comida a domicilio a usuarios de los comedores sociales con movilidad reducida o problemas de salud. Los mismos que llaman indecente y capitalista despiadado a Juan Roig o evasor a Amancio Ortega", ha escrito ella misma en su perfil oficial de Twitter junto al instante del momento de la presentación.

Y es que este anuncio ha levantado ampollas en la oposición por el expediente de la compañía en cuestión. Glovo se encuentra desde hace meses en el ojo del huracán gracias a las millonarias sanciones que acumula por irregularidades en la contratación de los denominados riders. De hecho, hace solo unos días que se ha conocido que la última multa asciende hasta los 57 millones de euros por emplear a falsos autónomos y tener a personas extranjeras trabajando de forma irregular, tal y como ha descubierto Inspección de Trabajo en Madrid.

Más de 200 millones en sanciones

Esta condena se produce a cuenta de las más de 7.000 faltas de alta de trabajadores en la Seguridad Social, la falta de cotización de estos así como los más de 800 trabajadores sin permiso de trabajo en sus filas. Sin embargo, no es la única. En total, la compañía cuenta con expedientes sancionadores que alcanzan un valor que superan los 205 millones de euros y afecta a 37.348 empleados. Esto puede llevar a sus dirigentes a la cárcel.

Unos hitos que, desde la empresa esgrimen posteriormente a la entrada en vigor de la ley rider -"un modelo operativo que ya no existe en España", dicen en un comunicado- y sobre los que la Comunidad de Madrid ha hecho oídos sordos. Y es que este convenio no es el primer lazo entre la multinacional y la Administración de Ayuso.

Ya el pasado mes de octubre de 2021 la Comunidad de Madrid inauguró a bombo y platillo un hub tecnológico en la región, el mayor del sur de Europa y el tercero de la firma junto a los que tiene en Barcelona y Varsovia. "Es una gran noticia que una empresa líder mundial en el reparto a domicilio haya elegido Madrid para expandirse y para abrir su cuarto centro de innovación tecnológica", aseguró la lideresa en la presentación.

Sospechas de irregularidades

Este nuevo anuncio no solo ha provocado las críticas de buena parte de la izquierda madrileña sino también está sembrando las dudas sobre la regularidad de la contratación. Desde el PSOE de Madrid ponen el foco en la letra pequeña del convenio y recuerdan que la ley impide contratar a empresas condenadas. "Resulta todo bastante alarmante", ha asegurado este viernes Llanos Castellanos, número dos de la candidatura socialista.

"Primero, una fórmula de convenio que dicen que es de carácter gratuito. Tenemos nuestras sospechas", ha comenzado la mano derecha de Juan Lobato, que ha apuntado a que "utilizan la fórmula del convenio porque no pueden contratar". "La ley de Contratos del Sector Público impide a una administración pública contratar con gente que tiene sanciones firmes -más de 200 millones de euros- por tratar mal, incumplir la normativa laboral", ha asegurado Llanos Castellanos.

Los socialistas afirman estar en contra de que se haya elegido a esta compañía dada su trayectoria en detrimento del tejido empresarial madrileño. "Lo que nos da mucha pena es que habiendo tantos empresarios serios en la Comunidad de Madrid, tanta gente con negocios que podrían estar accediendo a contratar con la Administración, se haya elegido a una multinacional que si se caracteriza por algo es por maltratar a sus trabajadores", ha sentenciado.