Después de varios meses de tiras y aflojas, este martes Partido Popular y patronal han aparcado sus diferencias y han acercado posturas gracias a su negativa a la reforma del sistema de pensiones que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, pretende tener lista antes del 15 de noviembre para que entre en vigor a partir del 1 de enero de 2022.

“No es el momento más adecuado”, ha subrayado el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, en una entrevista concedida a Espejo Público (Antena 3), en el que ha vuelto a ser muy crítico con la celeridad con la que el Ejecutivo ha presentado la propuesta. En este sentido, ha acusado al Gobierno de exponerla “de golpe” para tener su aprobación en 10 días. “Queremos los datos y el mapa concreto”, ha advertido el líder de la patronal, quien ha asegurado que lo van a estudiar, aunque ha adelantado que “lo ve complicado”.

Además, Garamendi ha alertado sobre el agravio comparativo con Europa, subrayando que las cotizaciones sociales en España "son un 30% más caras", lo que unido a la subida de precios de la energía o los problemas en la cadena de suministros provocan una “tormenta perfecta”, en opinión del representante de los empresarios. “Para las pymes y los autónomos puede ser un mazazo”, ha advertido.

“Rechazamos la subida de las cotizaciones que plantea el Gobierno porque lastra la contratación y asfixia aún más a empresas y familias. Hay alternativa: bajar impuestos y mantener el factor de sostenibilidad y la reforma laboral para sostener en el tiempo el Estado de bienestar”, ha apuntado por su parte el líder del PP, Pablo Casado, a través de Twitter. Hay que recordar que la futura reforma pretende sustituir el factor de sostenibilidad, implantado bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), y por bajar los impuestos, como alternativas a esa subida de las cotizaciones.

Una reforma que tiene como objetivo garantizar las pensiones de los ‘baby boomers’

Una reforma del sistema de pensiones que es uno de los objetivos primordiales del Gobierno antes del cierre de legislatura y que la semana pasada fue muy comentado después de que el departamento de Escrivá planteara durante la mesa de diálogo con los agentes sociales (sindicatos y patronal) subir las cotizaciones sociales al 0,5% de manera temporal durante diez años. Una medida cuyo objetivo sería garantizar de esta manera las pensiones de los ‘baby boomers’, la generación nacida entre finales de la década de los 50 y las de los 70 y que actualmente son los principales responsables de sostener el sistema de pensiones con su trabajo y sus cotizaciones a la Seguridad Social.

Asimismo, este lunes el Gobierno presentaba un nuevo texto elevando esa cifra del 0,5% al 0,6%, distribuida en un 0,4% para las empresas y del 0,2% para el trabajador.

UP retira sus enmiendas a la ley de Pensiones y opta por debatir en el seno del Gobierno

Por último, este lunes Unidas Podemos daba cierta tregua a la futura ley de Pensiones al anunciar que retiraban las enmiendas que habían registrado contra el proyecto de Escrivá. Una decisión que los morados justificaban explicando que esas modificaciones del texto legislativo que pretenden introducir se van a "abordar internamente" en el seno del Gobierno de coalición y también por respeto al diálogo social que se mantiene con los agentes sociales.

Una marcha atrás de Podemos en el que mucho ha tenido que ver la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien la semana pasada lanzaba un capote a su homólogo de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y pedía cautela y "dejar trabajar al diálogo social", después de que le preguntaran sobre los planes del departamento de Escrivá para elevar las cotizaciones.

En concreto, Unidas Podemos esgrime, como quedó patente en sus enmiendas, que la supresión de los topes máximos supone un mecanismo redistributivo de los recursos de Seguridad Social de modo que las rentas más altas contribuyan de forma proporcional a su renta al sostenimiento del sistema.

El espacio confederal ha reiterado en diversas ocasiones que este destope de cotizaciones puede corregir los desequilibrios estructurales en cuanto a la financiación de la Seguridad Social, cumpliendo a la vez con el criterio de sostenibilidad de las pensiones.