La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha denunciado un alto nivel de incumplimiento de la ley de cadena alimentaria aprobada por el Gobierno de coalición dentro del sector avícola. De entre sus argumentos cabe destacar que los avicultores no están percibiendo un aumento de ingresos derivado del incremento de los precios del pollo en el mercado.

La UPA ha advertido de que todos los costes de producción se están elevando y los están asumiendo las granjas. De esta forma, los ganaderos y agricultores únicamente estarían asumiendo los costes sin obtener ningún mayor beneficio del incremento de precios en el mercado.

Los costes energéticos del sector se habrían duplicado respecto al año pasado. Destacan la energía eléctrica, que supone un 75%-80% del total de los costes variables que se producen en las explotaciones de los avicultores. En cuanto a los combustibles más utilizados, principalmente el gas propano, el precio de estos se ha disparado de los 0,85 euros/kilo a los 2 euros. Mientras que las granjas gastaban 2.000 euros en propano, actualmente estarían gastando 3.000 euros más, ascendiendo la suma a casi 5.000 euros de media en las explotaciones.

Algunos de los materiales más importantes de las granjas avícolas son con los que se fabrican las camas (paja o serrines), los cuales también habrían subido considerablemente de precio. Los seguros de retirada y de responsabilidad civil también estarían por las nubes.

Cantidades y precios del pollo

La asociación ha querido recalcar que, en España, de media, cada ciudadano consume 13,6 kilos de carne de pollo al año (datos de 2020), lo que suponen un gasto de casi 60 euros. Se trata de la carne más consumida en España, por delante del cerdo y del vacuno. La producción total fue de 1,4 millones de toneladas extraídas de un total de 7.116 granjas de pollos ese mismo año.

El precio del pollo a la salida del matadero se situó la semana pasada en 2,09 euros/kilo, lejos del total de 3,25 euros que paga el consumidor en los mercados y supermercados de media. "La ley de la cadena alimentaria recoge que cada eslabón debe cubrir sus costes de producción, algo que en el sector avícola no está pasando, ya que los precios no se fijan del origen al destino, sino a la inversa" ha explicado la UPA en un comunicado.