Almussafes, un pequeño municipio de Valencia, se encuentra bajo el foco del sector automovilístico desde que, hace apenas nueve meses, arrebatase a una ciudad alemana la producción de coches eléctricos de Ford. El gigante automovilístico optó en su momento por la localidad valenciana y lo ha vuelto hacer esta semana decidiendo trasladar hasta allí su sede social el 1 de abril, dejando atrás la localidad madrileña de Alcobendas. Ford vuelve a la que fue su casa en el momento de desembarcar en España, en 1973, y donde desde entonces tiene su principal fábrica en el país. “Una muy buena noticia”, ha celebrado Ximo Puig, presidente de la Comunitat.

“La fábrica de Almussafes representa la sede principal de sus operaciones en España. Este cambio de domicilio no implicará ningún movimiento de personal o instalaciones, ni tendrá impacto fiscal en la compañía, dado que el domicilio fiscal ha estado siempre ubicado en Valencia”, ha explicado la compañía a través de un comunicado. La apuesta por la sostenibilidad desarrollada por el Gobierno tiene su premio y, en este caso, ha caído en Almussafes. Sin embargo, lejos de celebrar se encuentran ahora mismo los más de 1.000 trabajadores cuyo puesto de trabajo pende de un hilo.

Ford ha llegado a Valencia con una apuesta sostenible que impulsará económicamente la localidad, pero debajo del brazo esconde un ERE masivo con el que pretende dejar en la calle a 1.144 trabajadores. La gran inversión no parece significar nada para la compañía, cuya intención es que el 19% de la plantilla no llegue a verano. La decisión aún no es definitiva, pero parece casi imposible que los sindicatos consigan evitar el despido colectivo. Para intentarlo se reunirán este viernes con la directiva de la compañía, aunque las sensaciones que trasladaban la semana pasada no llamaban al optimismo.

“La dirección de la empresa ha hecho especial hincapié en incluir en el ERE a parte de la plantilla más joven existente en la fábrica, por razones obvias desde su punto de vista. De ser así, tendrá que incentivarlos lo suficiente”, apuntaba el pasado 20 marzo UGT a través de un comunicado. “Los planteamientos que hemos realizado, como rebajar la edad y ampliar los plazos de ejecución parecen antagónicos a los deseos de la dirección. Pero si de verdad quiere alcanzar un pacto, la empresa deberá modificar su posición y atender nuestra propuesta”, añadían.

Lo cierto es que Ford ha renunciado a la asignación de 100 millones de euros que le habían sido asignados por el PERTE de Vehículo Eléctrico y Conectado por, según han señalado en reiteradas ocasiones fuentes de la compañía, no poder cumplir los requisitos establecidos de cara a 2025. No obstante, la transición a la fabricación de coches eléctricos en Almussafes se producirá de igual manera, yendo retirando progresivamente modelos clásicos de la marca. Habiendo rechazado una inversión millonaria y dejando de producir determinados modelos, el pato lo han pagado los trabajadores, que van a ser los sacrificados en una restructuración considerada necesaria por la multinacional.  

La transición hacia un modelo de transporte más sostenible, con el influjo económico que ello supone en la localidad elegida, ha sido celebrada por los grandes representantes institucionales, que se han desenvuelto en halagos con Ford. “Gracias al equipo directivo de Ford por su confianza en el futuro de nuestra tierra”, señalaba el presidente valenciano en sus redes sociales. Pero el anuncio no ha sonado tan bien en los hogares de las 1.144 familias que, si el proceso cumple con los plazos deseados por la compañía, pasarán un verano más complicado de lo habitual.

Lo cierto es que el gigante de los automóviles podría haber optado por aceptar la ayuda pública y hacer todo lo posible para cumplir los requisitos que una decena de empresas, que si las han aceptado, aseguran poder cumplir. Sin embargo, ha optado por despedir a más de mil trabajadores. Ford asegura que no existe conexión entre ambas variables, pero lo cierto es que no es posible percibir la ayuda pública de un PERTE y realizar recorte de plantilla. La idea de los PERTE es favorecer la innovación e impulsar la recuperación postpandemia, todo ello regado con un dinero público supeditado al mínimo de no despedir a trabajadores.

"Acabo de conocer que hay una propuesta de ERE en Almussafes (Valencia). Quiero trasladar mi máxima preocupación y, sobre todo, dejar muy claro que las ayudas públicas que está dando el Gobierno para hacer todo el cambio hacia la movilidad eléctrica están condicionadas al mantenimiento del empleo", lamentaba Reyes Maroto, ministra de Industria hasta hace pocos días y actual candidata a la alcaldía de Madrid. Ford era conocedor de esta variable y, después de renunciar al PERTE, anunció los despidos.