El anteproyecto de Ley del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) seguirá siendo objeto de polémica a nivel empresarial y político por las aportaciones que tendrán que hacer las petroleras y gasistas, pero también por cómo va a repercutir la nueva factura en el bolsillo de los clientes.
La medida, aprobada este martes por el Consejo de Ministros, ya ha despertado las críticas de algunos partidos y territorios que denuncian que la nueva ley tendrá como consecuencia la transferencia de rentas desde las comunidades y provincias del interior del país a las costas y a las islas, es decir, las zonas de sol y playa.
En otras palabras, los consumidores de las zonas más frías de la península como Teruel o Soria tendrán que pagar parte de la reforma energética por ser territorios con mayor consumo de gas y carburantes, las energías que registrarán una subida de su precio para que se reduzca el de la luz. La desigualdad territorial la confirma incluso el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), un organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El IDAE desvela en uno de sus últimos informes, en los que hace una comparativa del consumo de gas entre las zonas principales, que hay una desigualdad territorial también en este aspecto. Así, los datos concluyen que el consumo medio de gas en la franja del cantábrico es de 7.134 kWh de media por hogar, mientras que en la España interior alcanza los 10.511 kWh por hogar y en la mediterránea y las islas se reduce hasta los 6.233 kWh.
El interior consume un 68% más de gas
Como conclusión, asegura que las provincias de interior, y las más frías, consumen un 68% más de gas que las de costa y las islas. Según estos datos, la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico realmente penalizará a aquellos territorios que más gas y combustible consumen.
En estos territorios es necesario el mayor consumo eléctrico y en concreto, el uso de combustibles para calefacción por las condiciones demográficas y el clima. Además, la dependencia de combustibles suele ser superior que en el caso de las zonas urbanas.
Esto ha denunciado el portavoz en el Congreso de Teruel Existe, Tomás Guitarte, que asegura que la medida penaliza a la España interior y rural: “Hay una ausencia de los criterios territoriales en las políticas del ministerio en relación con la energía. Parece que lo territorial no tuviese nada que ver, cuando realmente es un aspecto fundamental. Si aplicamos sus criterios, vemos que la presencia de sus disposiciones potenciando la electrificación y haciendo decaer los consumos sobre gasóleo y gases licuados divide España en tres ámbitos territoriales, donde se va a sufrir de manera muy distinta".
“Los reales decretos no son inocuos, tienen una distribución territorial. Lo que están tramitando en ese fondo nacional potencia al Mediterráneo, potencia las zonas donde se consume electricidad frente a las zonas interiores, que no han tenido más obligación que recurrir al gasóleo y a los gases licuados porque el peso específico de la calefacción es tan potente que hacerlo con soporte eléctrico es inasumible para sus economías”, recalca Guitarte.
