La segunda parte de la reforma de las pensiones continúa estancada, con los sindicatos instalados el 'no' y sin reuniones entre agentes sociales y Gobierno fechadas próximamente. Con esta tesitura, reaparece este lunes José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Apenas dos meses distancian este momento de otro que fue clave para dinamitar la mesa de negociación cuando, a finales de noviembre, el titular de Seguridad Social introdujo en el diálogo el aumento del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, pudiendo ser descartados los 24 peores meses del cómputo.
El anuncio tardó poco en recibir las críticas de todos los sectores que hasta el momento habían sido aliados de Escrivá para el incremento de las prestaciones conforme al IPC, un 8,5% que los jubilados ya pueden ver reflejado en el montante final. Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, los socios de la investidura y los agentes sociales, todos ellos, aseguraron estar en contra de la propuesta del ministro. Desde entonces, pocas cosas han cambiado y el escaso diálogo no está resultando fructífero. No obstante, quizá el actor que más aterra al Gobierno es Europa, que comienza a impacientarse por la tardanza de una reforma que, de haberse cumplido el plazo temporal establecido por Bruselas, debería haber quedado cerrada antes del 31 de diciembre.
Este devenir de las negociaciones y la falta de acuerdo podrían poner en peligro la percepción del cuarto paquete de fondos europeos, ya que, una de las exigencias que debe cumplir España es la reforma de las pensiones. Así, el Gobierno se prepara para recibir en febrero el tercer desembolso procedente de Europa y, a pesar de que todavía no es el momento de solicitar el cuarto paquete, no completar el componente 30 (hito referido a pensiones) antes de que finalice enero podría suponer un gran problema. Esta situación no parece incomodar al líder de Seguridad Social, que asegura que la modificación del periodo de cálculo no alteraría en gran medida las prestaciones.
Mientras, las organizaciones sindicales expresan su desconcierto ante una modificación que, según el Ministerio, no supondría grandes cambios. “La medida es innecesaria, no es una recomendación del Pacto de Toledo y no consigue el consenso político necesario para ser probada”, han señalado CCOO y UGT. “Esta segunda parte tiene que ver con la necesidad de reequilibrar el sistema de financiación de la Seguridad Social”, recordaba Pepe Álvarez, secretario general de UGT, este martes, exigiendo que el ajuste sea “equilibrado”. Unai Sordo, secretario general de CCOO, iba más allá el pasado viernes y aseguraba “no dar ni por recibida” la propuesta.
A la par, los sindicatos han aprovechado el stand by para introducir una nueva variable sobre la mesa: el periodo de cotización mínimo exigido para acceder a la jubilación. Actualmente, el umbral se sitúa en los 15 años, periodo que parece excesivo a UGT, que ha propuesto reducirlo a 12, y a CCOO, que ha bajado aún más la cifra, hasta los 10. De esta manera, nuevos frentes polémicos se añaden a la negociación. Desde la otra orilla del diálogo social, la patronal también mantiene su negativa a apoyar las nuevas modificaciones, aunque por razones contrarias.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) rechaza el aumento de las bases de cotización máximas propuesto por Seguridad Social para financiar el sistema de pensiones por suponer un incremento de los costes salariales para las empresas, a pesar de llevar aparejado un aumento de las pensiones máximas. “El acuerdo con la CEOE es casi imposible”, aseguraba el líder de CCOO. “Deberían ser más sensibles a la hora de dotar de recursos al sistema público de pensiones”, lamentaba.
Propuesta de Escrivá
La intención de Seguridad Social es ampliar el periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, pero a partir de 2027 y de forma progresiva, cinco meses por año, hasta 2038. De esta manera, se confirma que la pretensión de Escrivá es esperar al despliegue total de la anterior subida de la edad aprobada, 25 años en 2027, para comenzar este nuevo incremento. Además, según el documento facilitado por el Ministerio a patronal y sindicatos en noviembre, de los cinco meses que se ampliarán por año a partir de esa fecha, el trabajador podrá escoger los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos. Fórmula similar a la que pretende Escrivá implantar una vez se alcanzase los 30 años en 2038, que el trabajador pueda descartar los 24 peores meses del periodo y quedarse con los 28 mejores años.
Ejemplificando detalles conocidos sobre la medida, en el año 2027, año de inicio de aplicación de la nueva edad, la persona que haya alcanzado la edad de jubilación, verá que el cálculo de su pensión contempla 25 años y cinco meses. Al año siguiente sería de 25 años y diez meses, en 2030 de 26 años y ocho meses y así sucesivamente hasta llegar a los 30 años contemplados para 2030, momento en el que se descartarán los 24 meses más desfavorables.
Sobre las bases de cotización, el titular de la cartera de Seguridad Social pretende aumentar los ingresos a la Seguridad Social haciendo que los empresarios paguen más por los trabajadores con mayores salarios aumentando las bases máximas. La idea de partida es aumentar el 28,85% las bases máximas entre 2025 y 2050, a tenor de 1,154 puntos por año, además de lo que cada año suba la base máxima según el IPC. También se pretende modificar el incremento de las pensiones máximas, que cada año suben según el IPC. La idea de Seguridad Social es que aumenten 0,115 puntos, además de lo que suba según la inflación cada año.
