Vodafone también se enfrenta a los sindicatos debido a un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que pretende sçllevar a cabo y en el que plantea que los trabajadores de sus tiendas puedan optar entre la indemnización y el pase a distribuidor, es decir, trabajar en una tienda externalizada de la 'teleco' que supondría, a su vez, el cierre de varias tiendas propias de la compañía. Tras la última reunión entre representantes sindicales y la compañía, los empleados han reconocido que dicha subrogación se ofrecerá sin garantía de empleo: "Entendemos que es una buena noticia para los compañeros que ven alejarse un despido posterior en unas condiciones inferiores y fuera del foco mediático",señalan desde Vodafone. Sin embargo, los sindicatos no lo contemplan de la misma manera. 

De hecho, el pasado mes de septiembre, Vodafone anunció la puesta en marcha de un EREExpediente de Regulación de Empleo (ERE) en España que afectaría a un máximo de 515 empleados especialmente de las áreas comerciales. En la última reunión entre sindicatos y empresa, Vodafone rebajó el número de afectados por el ERE a 467 empleados, 42 personas menos. De estas 42 personas, 32 ocuparán vacantes del plan social y diez, bajas voluntarias o movimientos entre departamentos que ya han tenido lugar.

Cierre de tiendas

Vodafone se abrió a estudiar la posibilidad de cambiar el cierre de las 34 tiendas propias por una externalización del servicio, en el que están empleados 237 trabajadores, que pasarían a la cadena de distribución.Por otro lado, la compañía se comprometió a realizar un segundo estudio para aquellas posiciones en las que sea necesaria una formación más compleja. 

La representación legal de los trabajadores sigue considerando "claramente insuficiente" la rebaja, y ha presentado una contrapropuesta en la que plantean la firma de una garantía de empleo de dos años. Además, los sindicatos reclaman 58 días por año trabajado con tope de 42 mensualidades más una suma de 6.000 euros para quienes cobren menos de 35.000 euros al año. También solicitarán que las prejubilaciones se produzcan desde los 53 años con rentas hasta los 63 años y hasta los 65 años en caso de que los que se adhieran tengan más de 60 años. En este caso, los trabajadores deberán tener siete años o más de antigüedad y cobrarían una indemnización del 85% del fijo y un 50% del variable teórico.

Los sindicatos han hecho hincapié en que rija la voluntariedad y no se veten perfiles y ha propuesto proteger a los colectivos más vulnerables como personas con una discapacidad superior al 65%, o que tengan una pareja o descendientes con la misma, víctimas de violencia de género, así como mantener la proporcionalidad en casos de maternidad, paternidad o reducción de jornada.