Renfe lleva a la Audiencia Nacional la decisión de la CNMC de abrir sus talleres a Iryo

Renfe ha recurrido ante la Audiencia Nacional en defensa de sus intereses y del servicio público ferroviario en España frente a la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de obligar a la compañía a abrir sus talleres de mantenimiento pesado a operadores competidores, concretamente a Iryo.

La resolución pone el foco en la Base de Mantenimiento Integral de La Sagra, unas instalaciones que actualmente trabajan prácticamente al límite de su capacidad, sin apenas margen para asumir incidencias o cargas adicionales de trabajo. Además, la limitación de vías disponibles para determinadas operaciones, como el mantenimiento de bogies, reduce todavía más la capacidad efectiva de la base. Según defiende Renfe, el espacio que habría que ceder no equivaldría al 7% anual que sostiene la CNMC, sino que superaría el 10%, ya que únicamente una parte de las ocho vías del taller resulta compatible con los trabajos solicitados. Cabe recordar que la única oferta pública de capacidad de mantenimiento pesado realizada por Renfe en régimen de prestación corresponde al 1% de la BMI de Valladolid.

Por ello, Renfe cuestiona el criterio aplicado por la CNMC, que considera “arbitrario”, al equiparar intervenciones únicamente por el tiempo de estancia en taller y no por su complejidad técnica. La compañía sostiene que este planteamiento ignora la diferencia entre mantenimiento ligero y pesado, lo que repercute directamente en la disponibilidad de recursos críticos y en la planificación de los trabajos, afectando finalmente a la disponibilidad de trenes.

Asimismo, Renfe subraya que la CNMC ha ido incluso más allá de lo solicitado inicialmente por Iryo. La operadora italiana pidió como medida cautelar el acceso a un foso en La Sagra o Santa Catalina para realizar el mantenimiento de sus trenes en régimen de autoprestación. Sin embargo, la resolución termina rechazando esa petición concreta, aunque a cambio impone medidas de mayor alcance que nunca llegaron a negociarse entre ambas partes: acceso integral a La Sagra para desmontaje y montaje de bogies, utilización de instalaciones y equipamientos, obligación para Renfe de reparar esos componentes —o permitir su autoprestación— y fijación de condiciones económicas y plazos.

En la práctica, Renfe considera que esta decisión supone una apertura total de sus talleres a la operadora italiana para operaciones de mantenimiento pesado. La compañía recalca su respeto a las decisiones del regulador, aunque advierte de que dichas medidas “no pueden ni deben” exceder el marco legal vigente.

Impacto superior a los 60 millones de euros al año

Renfe alerta de que esta imposición podría generar importantes problemas operativos y afectar tanto al servicio público como al resto de su actividad. Según la empresa, la entrada de material de otros operadores obligaría a reducir la capacidad disponible para el mantenimiento de su propia flota, desplazando trenes de Renfe fuera de los talleres.

La consecuencia directa sería una menor disponibilidad de trenes en circulación y la necesidad de aplicar ajustes operativos. Entre los servicios potencialmente afectados figuran la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, por la menor disponibilidad de los trenes S103; el Eje Atlántico, Huelva y País Vasco, con los S120 y S121; así como los servicios AVANT, especialmente el corredor Valladolid-Madrid, el de mayor volumen de España.

La compañía calcula además un impacto económico superior a los 60 millones de euros anuales, derivado tanto de la reducción de ingresos como de los desajustes operativos provocados por la disminución de la oferta ferroviaria.

Renfe recuerda que, desde la liberalización ferroviaria en 2021 y la llegada de operadores extranjeros a España, ha existido tiempo suficiente para desarrollar instalaciones propias de mantenimiento. Como ejemplo, cita el caso de Trenitalia France, que construyó talleres en París con una inversión cercana a los 80 millones de euros.

En paralelo, Renfe presentó el pasado octubre su nuevo Plan de Talleres 2025-2030, dotado con más de 1.000 millones de euros de inversión pública para modernizar el mantenimiento de su flota. Dentro de ese plan, hace apenas un mes se licitó por 43 millones de euros la construcción de una nueva base de mantenimiento en Móstoles, vinculada al plan de renovación de la línea C-5 de Cercanías Madrid.

La operadora también recuerda que otra posibilidad para las compañías ferroviarias es realizar el mantenimiento pesado de sus trenes en talleres situados en sus países de origen.

Una medida que compromete la operativa diaria de Renfe

La empresa insiste en que la Ley del Sector Ferroviario obliga a facilitar el acceso a talleres en condiciones no discriminatorias únicamente para operaciones de mantenimiento ligero. Según sostiene Renfe, no existe obligación legal de prestar mantenimiento pesado a operadores privados.

Renfe e Iryo mantuvieron conversaciones desde el verano de 2024 para estudiar un posible acuerdo de mantenimiento pesado, aunque finalmente la compañía decidió no ceder capacidad de sus talleres ante el incremento previsto de cargas de trabajo, la necesidad de atender incidencias sobrevenidas y las limitaciones derivadas de obras en distintos accesos ferroviarios. Las negociaciones no prosperaron y nunca llegó a firmarse un contrato entre ambas partes.

Por ello, Renfe asegura que utilizará “todos los medios a su alcance” para frenar una medida que, a su juicio, compromete su operativa diaria, su sostenibilidad económica y el servicio prestado a los viajeros. No obstante, la compañía ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a los usuarios, asegurando que en el corto plazo no se prevén afectaciones en el servicio.