La aerolínea Plus Ultra ha asegurado que acreditará “debidamente” y en los próximos cinco días, dentro del plazo establecido, la justificación que certifique la necesidad de recibir el segundo pago del rescate del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI, tal y como ha solicitado este jueves la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, Esperanza Collazos.
La compañía asegura que dicha financiación es “imprescindible” para cumplir con su plan de viabilidad y alega la necesidad de acceder a ella tras el “grave impacto” sufrido por la pandemia, así como para mantener sus 354 puestos de empleo directos y los más de 2.500 indirectos que genera en España.
La aerolínea defiende que estos datos ya fueron validados a la hora de solicitar la financiación a la SEPI, no solo por el Gobierno, sino por tres informes independientes de una consultora, un banco de inversiones y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Todos ellos apoyaron de forma favorable la concesión de esta financiación pública.
Asimismo, avanza que seguirá colaborando con la justicia y con la SEPI y reconoce estar “tranquila y segura” sobre el cumplimiento de los requisitos y obligaciones para obtener dicha financiación. La aerolínea ha subrayado “la normalidad y estabilidad de sus operaciones”, con vuelos semanales regulares a destinos como Perú, Ecuador, Venezuela o China.
Un Juzgado de Instrucción ordena la suspensión del segundo pago del rescate
Plus Ultra emite esta respuesta después de que la juez Esperanza Collazos haya ordenado al Gobierno la suspensión del segundo pago del rescate económico aprobado en marzo para asegurar la viabilidad de la aerolínea. Se trata de un préstamo participativo a siete años por un importe de 34 millones de euros -de los 54 millones totales del rescate- que estaban previstos desembolsarse el próximo 28 de julio.
En el auto, la juez alega que "el desembolso de la cantidad de 34 millones de euros, como préstamo participativo prevista para el día 28 de julio, dentro de un plan de viabilidad para la empresa Plus Ultra, debe ser justificada, habida cuenta la existencia de este procedimiento" y alerta de que esta entrega “no justificada” supondría "un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior".
La suspensión se produce tras meses de polémica por el rescate a la aerolínea, considerada “estratégica” por el Gobierno por sus conexiones entre España y Latinoamérica. Las principales críticas proceden de la oposición, especialmente del Partido Popular y Vox, y del sindicato Manos Limpias. Todos ellos personados en el caso tras la petición de medidas cautelares.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, también se ha pronunciado sobre la suspensión este jueves asegurando que la gestión pública “tiene que estar marcada por los principios de prudencia y responsabilidad”, recalcando que son estos principios los que han guiado la gestión económica del Gobierno.
