Moncloa resucita el plan anticorrupción de Sánchez para aplacar las presiones de los socios

Como ocurriera este miércoles, el 9 de julio de 2025, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde la tribuna del Congreso de los Diputados, amortiguaba los titulares de la imputación de Santos Cerdán con una batería de 15 medidas que conformaban su plan anticorrupción. Iniciativas que, a pesar de que el Ejecutivo aseguraba que estaban en marcha – al menos 13 de ellas -, aún no están plenamente en vigor. El motivo es que el Consejo de Ministros no ha aprobado todavía la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP), normativa que recoge buena parte del plan. Sin embargo, Moncloa desencallará su aprobación este próximo mes de julio para calmar las quejas de los socios por los casos de corrupción que salpican al PSOE.

El movimiento llega en  un momento de máxima tensión parlamentaria. La presión de los socios de la coalición ha aumentado tal y como se vio en el Hemiciclo este pasado miércoles, alimentada por la sentencia del caso mascarillas – 24 años de prisión para José Luis Ábalos y 19 para Koldo García – y las averiguaciones sobre el caso Plus Ultra que señala al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El deterioro del clima político ha obligado a Moncloa a mover ficha y recuperar una carpeta que llevaba meses estancada, pendiente de mayor concreción para su aprobación en segunda vuelta.

La intención del Ejecutivo es remitir el texto al Congreso de los Diputados antes del parón estival o, como mínimo, dejar encarrilada su tramitación para que la Cámara Baja asuma el debate a la vuelta de las vacaciones veraniegas. Sánchez ya apuntó en dicha dirección durante su comparecencia este miércoles, donde reclamó a todos los grupos – en especial al Partido Popular y Vox – que apoyaran la normativa si realmente les preocupa la corrupción. As en la manga para calmar las aguas con el otrora bloque de la investidura y, al mismo tiempo, convertirlo en una prueba de coherencia para una oposición que ha hecho de la corrupción su arma principal contra el Gobierno.

Hasta la fecha, los socialistas justificaban los retrasos por la endeble aritmética parlamentaria tras el desmarque de Junts. En Moncloa admiten que algunas de las iniciativas vinculadas a la regeneración democrática corren el riesgo de morir si no amarran previamente los apoyos suficientes. El ejemplo más evidente es la regulación de los lobbies, bloqueada por falta de una mayoría suficiente. No obstante, otras voces defienden que iniciar la tramitación de la ley orgánica obligaría a las formaciones a fijar posición públicamente y, por tanto, retratarse.

El plan anticorrupción

El eje sobre el que se vertebra la futura ley será la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública, una de las iniciativas con el color magenta de Sumar y concebida como un organismo de prevención, supervisión y, sobre todo, persecución de la corrupción. Esta nueva autoridad asumiría competencias hasta ahora repartidas entre varios órganos de carácter estatal, como la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad Independiente de Protección del Informante o el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.

Dicho organismo, por tanto, tendría la capacidad para la apertura de procesos, vigilar el cumplimiento de normas clave en materia de contratación pública, así como conflictos de intereses, rendición de cuentas y actividad de los grupos de presión. Por otro lado, amplificaría los mecanismos de protección para los denunciantes de prácticas corruptas. Así las cosas, para su puesta en marcha, el Gobierno debería acometer una reforma de calado que afectaría a diversas leyes orgánicas. Entre las modificaciones más relevantes figura el endurecimiento del régimen penitenciario para los condenados por corrupción. De hecho, el articulado prevé que quienes no reparen el daño económico causado no puedan progresar de grado, incluido en los casos de insolvencia, dado que el cumplimiento íntegro de la pena quedaría vinculado a la ausencia de reparación económica. Tal decisión, hasta ahora, compete al tribunal tras valorar la existencia de ocultación de bienes o insolvencia real.

En otro sentido, el proyecto contempla la realización de exámenes aleatorios del patrimonio de altos cargos, una transformación del portal de contratación pública mediante la aplicación de novedosas herramientas tecnológicas y un refuerzo del control sobre la financiación de partidos. Punto clave donde el Ejecutivo plantea la reducción de 25.000 a 2.500 euros del umbral a partir del cual las donaciones individualizadas se deben hacer públicas. Además, contempla la duplicación de sanciones a aquellos grupos que no informen de tales aportaciones en el plazo previsto.

Todos los partidos también estarían obligados a someter sus cuentas a auditorías externas e independientes; previendo a su vez un endurecimiento de las penas para las empresas corruptoras al aumentar las condenas máximas de inhabilitación y de prohibición de contratar con la Administración, pasando de 15 a 20 años. Se creará, a su vez, un registro público y accesible de compañías sancionadas. En otras palabras, una lista negra que impida que las empresas condenadas por corrupción puedan operar con normalidad en el sector público.