La titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Jaime Serret, ha acordado dejar sin efecto este lunes el auto por el que suspendió el pago de 34 millones de euros que corresponden al segundo tramo del rescate a Plus Ultra. El magistrado ha estimado el recurso presentado por la aerolínea ya que puede suponer el riesgo de insolvencia definitiva de Plus Ultra, obligándola a dejar de operar y creando un perjuicio a los pasajeros que han pagado por anticipado. 

La instructora paralizó esta fase del rescate de 53 millones de euros por apreciar que la necesidad de la ayuda no estaba acreditada y que existía la posibilidad de que la compañía no llegase nunca a devolver el dinero a las arcas públicas. No obstante, tras escuchar las razones de Plus Ultra, de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que pedían liberar los fondos, el juzgado a revertido la decisión. Para ello ha sido esencial el informe pericial aportado por la aerolinea. 

De hecho, en el auto, el juez Serret, expone los pros y los contras de mantener el bloqueo cautelar y concluye que, congelar los 34 millones puede llevar a la quiebra a la aerolínea, mientras que liberar los fondos "permitiría la viabilidad de la empresa" y la consiguiente devolución de los préstamos a la administración. "Debe señalarse que en el acuerdo de otorgamiento de la ayuda con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas se ha incluido como garantías un contrato de prenda del 51% de las acciones y un acuerdo de gestión con la compañía; es decir, medidas de control y supervisión de la administración sobre el destino de esta ayuda pública", versa el auto. 

Además añade que, aún no se ha producido ningún perjuicio a la Administración, ya que los 19 millones de euros entregados son parte de un prestamo que no ha vencido y por lo tanto no está impagado. No obstante, recomienda continuar con las investigaciones: "La instrucción está en un estado embrionario para determinar si existe o no el delito denunciado; toda vez que se han puesto de manifiesto una serie de hechos que pudieran tener relevancia penal y se están acordando diligencias de comprobación sobre estos hechos", afirma el juez.