Manuel García-Castellón, el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso Villarejo, ha propuesto este lunes juzgar al ex director de Seguridad Corporativa de Repsol, Rafael Araujo, y al ex jefe de Seguridad de CaixaBank, Miguel Ángel Fernández Rancaño, por el presunto encargo al excomisario José Manuel Villarejo que tendría como objeto el espionaje del expresidente de Sacyr, Luis del Rivero.
En el auto, García-Castellón también procesa al excomisario Villarejo, a su socio Rafael Redondo, al policía Enrique García Castaño y al subdirector de Servicios de Apoyo de la Dirección de Seguridad Corporativa de Repsol, Rafael Girona.
En su auto, el magistrado atribuye a los dos jefes de Seguridad y a Girona un delito de cohecho activo, al excomisario y su socio, un delito de cohecho pasivo y descubrimiento y revelación de secretos, mientras que el juez atribuye este último delito a Enrique García Castaño.
Estas decisiones se enmarcan en la pieza número 21 del caso Tándem por el presunto encargo de ambas compañías, que habrían contratado los servicios de Villarejo en 2011 para evitar que Sacyr Vallehermoso consiguiera el control del consejo de administración de Repsol, presidido por Antonio Brufau, mediante un acuerdo con la petrolera mexicana Pemex, uno de los grandes accionistas de Repsol.
García-Castellón pide ahora juzgar a los ex jefes de seguridad de las compañías tras archivar la investigación para sus presidentes el pasado 29 de julio, hace apenas dos meses.
El juez no ve relación entre las empresas y el excomisario
El juez encargado del caso archivaba en ese momento la investigación tanto para las compañías como personas jurídicas como para sus máximos responsables, Antonio Brufau, actual presidente de Repsol, e Isidro Fainé, ex presidente de CaixaBank. Esto suponía el levantamiento de la imputación de las compañías y de los máximos directivos en la presunta relación con el comisario Villarejo.
En concreto, García-Castellón acordaba el sobresimiento provisional en un auto al no constar su participación en la contratación de Cenyt, la sociedad con la que Villajero operaba sus negocios con las empresas, en este caso con el presunto espionaje al expresidente de Sacyr, Luis del Rivero.
En ese momento el juez de la Audiencia Nacional consideraba que la documentación presentada por Repsol y CaixaBank revelaba que la contratación del excomisario no recaía en el ámbito de control del presidente, en este caso de Brufau y Fainé, sino de sus directores de seguridad, a quien ahora llama a juzgar.
"Sin indicios que apunten a que los presidentes de las compañías interviniesen de manera directa en los hechos investigados, no es posible transferir a dichos presidentes una obligación de supervisión y vigilancia corporativa que está delegada en los órganos competentes para ello", rezaba el auto que ordenaba el levantamiento de la imputación de los máximos directivos de Repsol y CaixaBank, formalizada el pasado 15 de abril.
Las compañías cuentan con mecanismos de prevención "adecuados"
Según el auto de García-Castellón, en ese momento no resultaba "posible mantener por más tiempo su imputación en la presente causa, a la vista de la ausencia de diligencias adicionales que practicar y de los daños reputacionales que se deben evitar". Asimismo, recalcaba que las compañías -como personas jurídicas- contaban con mecanismos de prevención implantados "adecuados, con independencia de la final ocurrencia de los hechos objeto de investigación".
Sin embargo, matizaba que “las investigaciones practicadas hasta el momento permiten sospechar que existieron omisiones relevantes en la diligencia exigible a las dos entidades", es decir, defendía a los máximos directivos y llamaba a continuar la investigación, con las nuevas noticias conocidas hoy. "Ante esta situación, resulta necesario esclarecer hasta qué punto las medidas implantadas en los respectivos programas de cumplimiento podrían haber evitado la comisión de las infracciones investigadas", rezaba el auto.
Esta pieza del caso Tándem corresponde al Proyecto Wine, por el que se habría encargado al excomisario el espionaje a Luis del Rivero entre 2011 y 2012, presidente en ese momento de Sacyr Vallehermoso, para evitar que se hiciera con el control de Repsol a través de una alianza con la petrolera mexicana Pemex. CaixaBank aparece en el caso ya que era uno de los mayores accionistas de Repsol durante esos años.
