Concretamente, se estaría hablando de 1.800.000 euros, si bien, a esta cifra habría que sumarle intereses. Esta cantidad de dinero corresponde a una serie de ayudas públicas que Francia otorgó a la aerolínea 'lowcost' como parte de un acuerdo en el que la compañía se comprometía, de esta manera, a que sus aviones volaran rutas concretas que les llevaran hasta el aeropuerto de Carcasona, ubicado al sur del país, y, mediante la realización de diferentes campañas de promoción, alcanzar también objetivos concretos de pasajeros.
Este acuerdo, que se ha concluido como contrario a las reglas de la Unión Europea, formaba parte de una serie de alianzas a las que llegaron la Cámara de Comercio e Industria de Carcassonne‑Limoux‑Castelnaudary (CCI), encargada de gestionar el aeropuerto de Carcasona hasta 2011, y Ryanair. Líneas de trabajo que desarrollaron de manera conjunta, concretamente entre 2001 y 2011, y por los que la aerolínea de bajo coste recibió cerca de 9 millones de euros. De esta manera, la CCI y Ryanair formalizaron contratos en los que la gestora del aeropuerta pagaba a la compañía tasas de marketing más altas al mismo tiempo que reducía a la aerolínea sus tasas aeroportuarias, lo que hizo que la compañía aérea abonara menos cantidad de dinero por pasajero mientras recibía beneficios por campañas publicitarias, lo cual se ha hallado por parte de la Comisión Europea como una ventaja injusta frente a competidores.
La decisión a la que ha llegado Bruselas, y por la que se ordena a Francia recuperar de la aerolínea cerca de dos millones de euros, se enmarca dentro de una investigación más amplia iniciada por el Ejecutivo comunitario en abril de 2012, a raíz de una denuncia por los acuerdos mencionados. La Comisión Europea examinó también si los fondos públicos recibidos por la CCI estaban sujetos a las reglas europeas sobre ayudas de Estado.
En la investigación llevada a cabo, los servicios comunitarios no han encontrado infracciones el plan de ayudas públicas de cerca de 12 millones de euros que las autoridades locales y regionales concedieron al gestor del aeropuerto entre 2001 y 2011, la mayor parte concedidos con el objetivo de apoyar la inversión en la propia infraestructura aeroportuaria y el resto para sostener las actividades de la CCI. De esta manera, el Ejecutivo comunitario considera que las partidas económicas otorgadas fueron "necesarias y proporcionadas" para ayudar a la modernización y explotación del aeropuerto de Carcasona "sin dar lugar a beneficios excesivos, ni falsear indebidamente la competencia de otros destinos vecinos como los de Perpiñán o Toulouse, entre otros". Además se destinó una parte de los subsidios a medidas contra incendios y de control aduaneros que quedaron fuera del ámbito de aplicación del marco europeo.
No obstante, en lo referido al dinero público que se destinó a Ryanair, la Comisión Europea procedió al análisis, en términos de rentabilidad, de un total de 16 contratos con valor de hasta 8,9 millones de euros en ese periodo de diez años, todos ellos encuadrados en la explotación comercial en Carcasona. Un estudio cuyos resultados han llevado a Bruselas a considerar que 11 de esos contratos incumplen las reglas europeas en materia de ayudas de Estado y que concedieron a la compañía irlandesa una ventaja indebida sobre otros competidores por valor de 1,8 millones de euros, que es la cantidad, más intereses, que reclama, ahora, a Francia recuperar.
