Javier Monzón, presidente de Prisa, ha sido imputado por el juez Manuel García Castellón, magistrado al frente del Caso Púnica, en la causa denominada "Pieza de investigación número 9 Financiación del Partido Popular" por hechos relacionados con su etapa en Indra.
Castellón también ha imputado a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, que deberán rendir cuentas ante la Audiencia Nacional por la presunta financiación irregular del PP regional.
Según ha podido saber ElPlural.com, a Indra se le imputa por los contratos electorales con la Comunidad de Madrid en 2007, 2010, 2011 y 2012, así como por pagos al experto en comunicación en internet Alejandro de Pedro en 2012 y 2014. Dichos pagos los debió hacer el PP de Madrid por trabajos de mejora reputacional de dirigentes del partido y, sin embargo, tal y como indica el auto judicial, fueron abonados por la empresa imputada.
El escrito explicita que la "mercantil Indra nunca activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos" y considera también que su presidente por aquel entonces, Francisco Javier Monzón de Cáceres, y otros dos directivos intervinieron en la decisión de "entregas de dinero en efectivo a quien se les indicaba desde los altos puestos de la Comunidad de Madrid". Todos los directivos salpicados por este caso ya no están en Indra. Concretamente Indra destituyó a Monzón como presidente el 23 de noviembre de 2015. En enero de 2019 fue nombrado presidente del consejo de administración del grupo Prisa, sustituyendo a Manuel Polanco. Prisa es dueña, entre otros medios, de la Cadena SER y El País.
ElPlural.com se ha puesto en contacto con el grupo mediático, que ha dejado la puerta abierta y someterá la imputación de su presidente al reglamento interno de la empresa: "El sistema de gobierno corporativo de Prisa contempla estas situaciones y el consejo de administración aplicará en todo momento lo previsto en su reglamento y en la legislación aplicable".
Así las cosas, la Fiscalía pone sobre el papel los indicios que conectarían a las empresas de la órbita del PP con el entramado de facturas falsas para encubrir los pagos destinados a actos de campaña de la formación. el último informe entregado al juez Castellón fue clave para indagar en esta conexión, ya que la UCO acredita que Indra recaudó 600.000 euros solo en 2012, destinados a la campaña de los populares. “INDRA Sistemas S.A pagó servicios no realizados a empresas vinculadas a la campaña electoral del PP en el 2007 y en el 2011", alegan los agentes.
El pasado junio, la Guardia Civil remitió a García-Castellón un informe en el que los investigadores señalaban que la empresa Indra abonó supuestamente 566.497 euros a una firma de formación, que a su vez los transfirió a la consultora Swat SL, que asesoró al PP madrileño en temas de estrategia y comunicación política para las campañas electorales de 2007 y 2011.
Por todo ello, según fuentes judiciales, estarían llamados a declarar en calidad de investigados el propio Javier Monzón -presidente de la empresa entre 1993 y 2015-, dos directivos de Indra y la propia empresa como persona jurídica.
