Acción Cultural Española, la empresa pública que se dedica a la promoción de la “Marca España”, presentó el 30 de noviembre un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir al 40% de la plantilla. Es el segundo organismo estatal, detrás de Paradores en presentar un Ere. La presidenta de Acción Cultural es María Teresa Lizaranzu, que compatibiliza este puesto no remunerado con el cargo de directora general de Política e Industrias Culturales y del Libro. Pero además Teresa Lizaranzu es la esposa de Álvaro Nadal, el todopoderoso jefe de la Oficina Económica de Moncloa, con rango de Secretario de Estado, y que muchos ven como auténtico vicepresidente económico en la sombra. La relación de altos cargos del Gobierno del PP con parentesco entre sí (maridos y mujeres, hijos/as) es una lista muy amplia.
Los directivos no se tocan
El ERE implicará el despido de 38 de los 97 trabajadores de la agencia estatal, lo que implica una reducción de plantilla del 40%, pero no está incluido ningún miembro del equipo directivo con sueldos superiores a los 100.000 euros brutos anuales.
La agencia Acción Cultural española nació en 2.010 dentro del programa del Gobierno Zapatero de fusionar organismos estatales y reducción de estructuras administrativas. Fue el resultado de la fusión de tres agencias que trabajaban en lo mismo, la promoción cultural de España en el exterior: la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC), la SEACEX y la Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales. Don años después el Gobierno justifica el ERE como "la culminación del proceso de fusión de las tres sociedades".
Se ficha a un directivo dos meses antes del ERE
Curiosamente dos meses antes de presentar el ERE y cuando ya se estaba elaborando, Teresa Lizaranzu ficha al diplomático Miguel Albero, director de la Casa de América, que fue nombrado director de programación del organismo (Acción Cultural), con un sueldo de 110.00 euros anuales.
En el proceso de negociación del ERE inicialmente no se recogía rebaja de salario alguno para los directivos, que finalmente en el documento entregado a los sindicatos se incluye. Es una rebaja del 15% del salario, mucho menor de lo que se propone para el resto de trabajadores que llega a ser del 46%.
