El cambio de Gobierno ha dejado en el aire el plan del Ministerio de Fomento de volver a sacar a privatizar la gestión de las nueve autopistas de peaje quebradas, de las que ocho ya han revertido al Estado. La novena, la AP-41, está en concurso de acreedores y aún no ha entrado en la fase de liquidación, por lo que aún no ha de ser rescatada. Y la concesión de seis autopistas que sí que son rentables caduca en los próximos tres años. 

Dame 4.000 millones por quebrar

El PP pretendía reprivatizar las autopistas en quiebra este mismo año, para rebajar el impacto en el déficit de la factura que se deberá abonar a los acreedores en concepto de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). Esto es: que el Estado compensa a las constructoras de esas vías lo que ha constado construirlas, menos el dinero que hubieran ganado explotándolas. Para el Estado esa cantidad ronda los 1.800 millones de euros, mientras que para las constructoras es más de 4.000 millones.

Ambas cifras supodrían un golpe importante al déficit del Estado, que sigue estando minuciosamente controlado desde Bruselas. La asunción de un desembolso como el que solicitan las antiguas concesionarias descuadraría los Presupuestos y podría traducirse en sanciones a España por parte de la Comisón Europea. El ministerio de Fomento trabajaba para sacarlas a concurso durante este mismo mes bajo la  administración de Íñigo de la Serna (PP) y ahora esos planes quedan en suspenso con la llegada de José Luis Ábalos (PSOE). La idea detrás del concurso era compensar -todo o en parte- el coste de esa RPA. 

¿Gratis, pago al Estado, pago a empresas o "pegatinas"?

Otro tema complejo es el futuro de las autopistas de peaje cuyas concesiones están a punto de caducar. La primera en noviembre de este año. El 30 de noviembre, la AP-1, que va de Burgos a Armiñón, pasa de manos de Itinere al Estado. Lo que se decida en ese momento puede sentar precedente para diciembre de 2019, cuando les llegue el turno a la AP-4 (Sevilla-Cádiz) y un tramo de la AP-7 (Alicante-Tarragona), ahora gestionadas por Abertis. 

El problema con estas autopistas no es que no sean rentables, ya que están amortizadas de sobra. Es qué hacer después con ellas y quién asume los costes de mantenerlas. En principio hay las siguientes opciones: que pasen a manos del Estado y sean gratuitas, como una autovía más, que pasen a manos del Estado y se cobre un peaje más barato, que se vuelvan a privatizar o que, independientemente de quién las gestione, pasen a depender del llamado sistema de "viñetas". Las "viñetas" son una especie de pegatinas -parecidas a las de la ITV o las del nivel de emisiones del coche- que se podrían comprar en estancos o gasolineras y que permiten circular todo lo que se quiera por las autopistas durante el tiempo para el que sean válidas.