El Ministerio de Fomento prevé iniciar el rescate de las autopistas quebradas a partir de febrero, como parte de un proceso que incluye devolver la gestión a empresas privadas y que costará unos 2.000 millones de euros a los contribuyentes.

En el Plan de Estabilidad 2017-2020 que el Gobierno remitió a Bruselas cifró el rescate en 3.500 millones. Una cifra que confirmó entonces el ministro, Íñigo de la Serna y y que coincidía con la estimada por el Tribunal de Cuentas, que lo fijó en un máximo de 3.718,3 millones, y al que habría que sumar posibles indemnizaciones "por expropiaciones de terrenos que el Estado tuviera que abonar en virtud de resoluciones judiciales que se puedan producir en futuros ejercicios".

Más de 2.000 millones, el rescate; 1.000 millones de ingresos
En octubre, en el Plan Presupuestario del 2018 enviado a la Comisión Europea, el Gobierno rebajó cifra a la de “más de 2.000 millones”.

El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, ha dicho que Fomento que el Estado ingresará entre 700 y 1.000 millones de euros en diciembre del 2018 cuando culmine el concurso para volver a adjudicar, por un período de 25 años, al sector privado la explotación de las autopistas quebradas cuando eran gestionadas por constructoras como ACS, Abertis y FCC y que ahora están en su mayoría en manos de fondos de inversión. La cantidad final dependerá de los tráficos y las tarifas que se incorporen a los pliegos de licitación.

Los 1.000 millones de euros no compensarían las cantidades que se tendrán que abonar a los fondos de inversión por la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, derivada de los procedimientos judiciales de las autopistas que se encuentran en concurso de acreedores.

Si se da por buena esta última estimación oficial del coste y se toman en cuenta los ingresos de entre 700 y 1.000 millones que Fomento espera ahora obtener resultaría una pérdida mínima de entre 1.000 y 1.300 millones para el erario público.

El portavoz socialista de Fomento, César Ramos, ha reclamado al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que "deje de engañar" con el coste del rescate a las autopistas quebradas, pues cree que el montante final de la operación podría alcanzar los 3.500 millones de euros. Ramos reclama que la operación "no tenga ningún coste para los ciudadanos", pues estos "no tienen por qué pagar la mala gestión del PP".

Un proyecto de Aznar
El Gobierno de José María Aznar fue el que impulsó el proyecto de estas carreteras justificando las obras con perspectivas muy altas de tráfico que luego no se cumplieron. En 2013,  el tráfico de las radiales había caído un 48% desde su momento máximo en 2007 y todas estaban ya en quiebra.

A las falsas expectativas hay que sumar los sobrecostes, de entre el 15% y el 31%, en las obras y los casos en los que hubo que pagar más dinero que el presupuestado para expropiar algunos terrenos. Se pretendía pagar a los propietarios con coste de terreno expropiado, pero el Tribunal Supremo obligó a que se pagase a precios de mercado en plena burbuja del suelo.

Las autopistas quebradas
La primera en revertir a la empresa pública Seittsa (Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres), en el mes de febrero, será la R-4 Madrid-Ocaña. En marzo continuará el rescate de las otras tres radiales de Madrid (R-2, R-3 y R-5), la M-12 que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante. La AP-41 Madrid-Toledo será la última vía que será asumida por la Administración. Seittsa se subrogará a los 700 trabajadores contratados en la actualidad en estas vías.