Economía prepara una legislación de máximo control para las nuevas empresas 'fintech'

El Ministerio de Economía y Empresa ha optado por un régimen de estricto control administrativo para intentar regular el acceso al mercado financiero de las empresas `fintech´, es decir, las que emplean intensivamente las nuevas tecnologías para ofrecer productos y servicios teóricamente más eficientes y baratos. Así se desprende del texto del Anteproyecto de Ley de Medidas para la Transformación Digital del Sistema Financiero surgido de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, que ha entrado en un periodo de audiencia pública que durará hasta el próximo 7 de septiembre.

El texto diseña lo que se denomina un “espacio controlado de pruebas” o Sandbox al que las empresas accederán a través de una ventanilla financiera única. La mecánica consistirá en que una empresa tecnológica, una entidad financiera, un centro de investigación o cualquier otro promotor interesado ”planteará un proyecto suficientemente avanzado que será aceptado, recibiendo una evaluación previa favorable, si a juicio de las autoridades competentes puede aportar valor añadido en aspectos que van desde la mejora del cumplimiento normativo o de los instrumentos de protección a la clientela, hasta el aumento de la eficiencia y la mejora de la prestación de los servicios financieros”.

 Con posterioridad a esta evaluación previa, se celebrará un protocolo sobre desarrollo de las pruebas entre supervisores y promotor que incluirá los detalles de celebración de las pruebas. Finalizadas las pruebas, que contarán con un monitor por cada uno de los supervisores que se vea involucrado en la actividad en la que se desarrolle el proyecto, se establece un “régimen de salida” para las empresas en prueba, que incluyen la elaboración de una memoria a las autoridades supervisoras y una “pasarela de acceso a la actividad, que implica una reducción sustancial de trámites en caso de que no existiese hasta el momento licencia para la actividad” y si se cumplen los requisitos legales para esa autorización.

En sustancia, este es el régimen legal diseñado, cuyo objetivo, según Economía, es proporcionar mecanismos para la mejora de la regulación y el cumplimiento normativo, proteger y beneficiar a los consumidores y aumentar la eficiencia de las entidades o de los mercados.

Desde el punto de vista técnico, abundan las críticas sobre el texto del Anteproyecto. Fernando Zunzunegui, profesor de Derecho del Mercado financiero en la Universidad Carlos III y socio fundador de Zunzunegui Abogados, critica especialmente el papel que el anteproyecto otorga a los supervisores, ”al servir de filtro de la iniciativa empresarial y al participar activamente designando monitores, en actividades que se alejan de sus estatutos fundacionales”. En set sentido, Zunzunegui explica que “el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros, tienen por objeto la estabilidad del mercado, la solvencia de las entidades y la protección de los consumidores financieros. Dentro de sus funciones, no está comprendida su participación en las actividades financieras, ni siquiera en la promoción de las actividades financieras, y nunca actuar como seleccionadores de los operadores del mercado. Limitar la competencia y crear privilegios en un ámbito discrecional no es la solución”.

En cuanto al sector de las Fintech, la opinión es más que positiva. La principal agrupación empresarial del gremio -la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI)- dice que el anteproyecto “cumple las expectativas”, ya que “se recogen las principales peticiones del mercado y se crea un sandbox competitivo e innovador”. Según la AEFI, se trata de “una norma avanzada y ambiciosa que generará expectativas favorables a todo el mercado, no solo a las pequeñas startups. Como crítica constructiva, la norma se podría concretar en la dotación de más contenido a lo que denomina "protocolos", que es la forma de desarrollar el espacio controlado de pruebas de manera específica para cada caso concreto”.

 En cuanto a la Asociación de Crowdlending en España (ACLE), celebra el impulso que se pretende dar a la transformación digital del sistema financiero, en la medida en que el nuevo Gobierno ha “recuperado y dado prioridad a este proyecto”. La ACLE cree que se pueden “discutir los detalles, en particular el régimen de plazos y frecuencia de las convocatorias para presentar proyectos”, pero valora como una buena noticia “el reconocimiento de que es posible acceder a un campo de pruebas, como lo llama el Anteproyecto, en el que la actividad del promotor se regirá por el protocolo que acuerde con el o los supervisores que corresponda, junto con normas claras de protección de los inversores”.

Para ACLE, son especialmente relevantes dos circunstancias: la primera, que las entidades financieras de base tecnológica se consideren activo apto para la inversión de las entidades de capital riesgo o las entidades de inversión colectiva cerradas; y la segunda, el establecimiento explícito del principio de proporcionalidad para la autorización del proyecto, una vez que éste salga del campo de pruebas.