En el debate político ante la cercanía electoral del próximo día 28, los temas económicos han pasado a un segundo plano. Y eso, que entramos en un momento de suave desaceleración de la economía que los más agoreros creen que terminará en recesión, aunque para eso todavía falten muchos meses.
Sin embargo, poco a poco se van colando algunos temas como las pensiones, las reformas para suavizar esa desaceleración, el sistema laboral, salario mínimo o los impuestos, parcela esta última muy dada a la demagogia.
La banca pública es otro de esos temas que no suelen concitar un gran debate. Hay un cierto consenso tácito en que el Estado en todas sus versiones (central, autonómico, diputaciones o municipal) no debe inmiscuirse en el sistema financiero. La razón se encuentra en el gran fiasco de las cajas de ahorros durante la pasada crisis de 2007 y que ha costado al Erario Público la gigantesca cifra de 60.000 millones de euros. A la espera de sentencias, Banco Popular y Banco de Valencia también fueron víctimas de esta situación de la que no pudieron salir.
Un gran descalabro generado en gran parte por la mala gestión de los políticos de todos los signos al frente de las cajas de ahorros sumado con el tsunami inmobiliario que removió a la totalidad de la banca en España. No hay que olvidar que en ese momento, las cajas representaban la mitad del sistema financiero español.
Actualmente, en el panorama español además de un par de cajas que aún sobreviven, la banca pública la conforman Bankia donde el Estado posee más del 60% y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Casi en exclusiva Unidas Podemos defiende que Bankia no sea privatizada del todo y que se construya en torno a ella una banca pública.
Un mensaje que puede resultar anacrónico a la vista del discurso predominante pero que no lo es tanto si se compara con la situación europea en la que nos movemos. Existe una Asociación Europea de Bancos Públicos que agrupa a casi un centenar de entidades que cuentan con 190.000 empleados y con un balance de 3,5 billones de euros.
Y para mayor sorpresa, en los test de estrés realizados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) tres de estos bancos públicos figuraban entre los más solventes de Europa, aunque todo hay que decirlo, había otros en posiciones complicadas. El alemán NRW Bank, el holandés BNG Bank y el sueco Swedbank se colocaban en estas primeras posiciones como las entidades más resistentes a cualquier problema por sus elevados ratios de capital que ya gustarían para sí muchas entidades privadas.
Principalmente estas entidades buscan apoyar la vivienda, las infraestructuras y la economía de las regiones en las que operan. Algo similar a las cajas de ahorros ya desparecidas, pero bien gestionadas y lejos de criterios políticos caprichosos para captar votos en operaciones abocadas en muchos casos al fracaso.
La banca pública sigue existiendo en Europa y muchos lo hacen con notable éxito. Además, en España desde la crisis de 2007 se ha producido un brutal cierre de oficinas que nos ha retrotraído a cifras de 1980. Son dos factores los que los explican: había un exceso de oferta al calor del boom inmobiliario y aún no se había extendido con tanto empuje la banca digital que hace perder sentido la existencia de tantas sucursales.
Como consecuencia son más de 4.000 los municipios en España que se han quedado sin ninguna sucursal, según datos del Banco de España. Esta es la conocida exclusión financiera que afecta sobre todo a una España despoblada y donde sus habitantes tienen un acceso más difícil a las nuevas tecnologías. Según estudios de bancos de inversión esta tendencia a la desaparición de oficinas continuará en los próximos años, aumentando ese riesgo de exclusión donde la banca pública podría jugar un papel relevante sin la presión de unos accionistas que exijan la máxima rentabilidad. Por supuesto que la banca pública no debe costar dinero al Estado pero tampoco tendría que competir en beneficio con sus colegas del sector. Una competición que, sin duda, llevó también a las antiguas cajas a caer por el precipicio.
